Partido Popular y Vox suman 170 diputados en el Congreso, ninguno de los cuales sospechó siquiera que Sánchez iba a engañarlos al tramitar una modificación legal relacionada con el cumplimiento de las penas de los criminales en las cárceles españolas. La propia denominación de la norma en cuestión, la "Ley Orgánica 7/2014, de 12 de noviembre, sobre intercambio de información de antecedentes penales y consideración de resoluciones judiciales penales en la Unión Europea", ya ofrece pistas interesantes en el mismo título para que alguno de los 170 diputados o de sus varios cientos de asesores decidiera estudiar detenidamente el contenido de la reforma, no fuera a ser. Y el caso es que ya habían dado la voz de alarma.
La Asociación de Víctimas del Terrorismo empezó a advertir de los planes de Sánchez hace dos años. A primeros de febrero de 2022, la AVT convocó una rueda de prensa en la que decían lo siguiente:
Tenemos claro que el siguiente paso son cambios legales para derogar la reforma del Código Penal de 2003 que amplía los límites de las ampliaciones efectivas de las condenas hasta los 40 años. Quitar los elementos de seguridad para los terceros grados y la libertad condicional. Y descontar las penas que se hayan cumplido en Francia.
La asociación repartió entre los medios un dosier en el que explicó que "si el Gobierno cambia la ley para que se resten en España las penas por otros delitos de terrorismo cumplidas en Francia, hasta un total de 48 terroristas de ETA se podrían ver beneficiados con la medida, y les supondría una resta en sus condenas que sumarían casi 375 años de prisión".
Populares y conservadores tuvieron más pistas, algunas bien recientes. La más clara la ofreció el PNV, que del tema del cumplimiento de las penas de los asesinos etarras sabe bastante. El portavoz nacionalista explicó en su intervención del pasado 17 de septiembre, justo el día antes de la votación, que lo que perseguía el Gobierno con esta reforma es "el efecto de que las resoluciones condenatorias anteriores dictadas en un Estado miembro deban ser tenidas en cuenta en los procesos penales posteriores celebrados en cualquier otro Estado miembro en la misma medida y efectos que si fueran propias". Un par de minutos después incidía en las consecuencias (positivas, claro) de esta modificación legal, ya que se considerarán como propias las condenas penales en cualquier otro Estado miembro, "no solo para los efectos perjudiciales como el agravante de la reincidencia, sino también para los favorables al reo en su caso, y tanto en la fase previa al proceso como durante este y en la fase de ejecución de la condena".
Pero los diputados del PP y de Vox no lo vieron venir. "Emosido engañado", deberían rotular en folios tamaño A3 para colocarlos en el frontal de sus escaños y denunciar delante de España entera que Sánchez los ha estafado.
De nada vale ahora pedir disculpas. Es decir, la petición tendría sentido si, a continuación, los 170 diputados entregaran el acta y dejaran el puesto al siguiente de la lista en cada circunscripción. Como no lo van a hacer, mejor que se guarden las explicaciones. En todo caso, incluso con su voto en contra la reforma hubiera salido adelante, así que tampoco es cuestión de que se flagelen en exceso. Lo verdaderamente lamentable es que aún no hayan aprendido nada y sigan confiando en la buena voluntad del PSOE.
Sánchez está para que todos los partidos decentes abandonaran el Congreso hasta que haya nuevas elecciones. Si no tienen huevos para eso, al menos que voten en contra de cualquier proposición del Gobierno, aunque sea para decir que el sol sale por el Este. Si lo dice Sánchez, mañana no saldrá.