El Gobierno socialcomunista-separatista es un cáncer nacional pero con esta oposición no obtenemos una quimioterapia política esperanzadora. Ni siquiera vamos a disponer de cuidados paliativos cuando nos llegue la última hora, que está a la vuelta de la esquina. Ya hay presidentes que fueron terroristas en Colombia, Nicaragua y México, eso sólo en el área hispánica. Los terroristas ya mandan aquí. Ya hemos sido Chamberlaines de ingenua y, de hecho, deshonorable voluntad. Seamos ahora Churchill. O Israel. Hay que cambiar y pronto si queremos sobrevivir. ¿Vamos a consentir que el dolor de las víctimas haya sido inútil? No hay más caminos. "La esperanza es lo primero que se pierde y para curar el cáncer no sirven las libélulas", sentenció un poeta extremeño.
Recuerdo vivamente el asesinato a cámara lenta de Miguel Ángel Blanco. Me acuerdo de cómo los ejecutores exigían y exigían y cómo un Gobierno cabal se negaba y se negaba sabiendo que una democracia digna —cuya base es la convivencia y la tolerancia recíprocas—, no podía rendirse ante unos sicarios sin alma que encontraban asideros en el dogmatismo marxista-leninista, el racismo aranista y las bendiciones de la Iglesia, sí, la Iglesia vasca y su anticatólico nacionalismo. Aquella resistencia desembocó en el cruel sacrificio del concejal del PP y la reacción sublevada de millones de personas y sus manos blancas, expresión, más que de otra cosa, de su impotencia ante la ineficacia del Estado.
A pesar de los asesinatos, 857 desde la fundación de ETA (en 1980, el año más sangriento, uno menos de 100), de sus heridos (2.632, se ha calculado), de sus secuestros, estimados en 77 (el de Ortega Lara duró 532 días) y de sus exiliados directos (180.000 se han documentado), la democracia española quiso mantener una actitud de no violencia activa (salvo el episodio de los GAL inspirados por el PSOE de Felipe González) y jamás su Congreso de los Diputados aprobó una declaración del Estado de excepción que está contemplado, con los Estados de alarma y de sitio en la Constitución de 1978, artículo 116.
Sabido es que los Estados de excepción tienen su fundamento político y jurídico en el peligro que conductas criminales tienen para el mantenimiento de los derechos fundamentales de los ciudadanos, por ejemplo y el más importante, el derecho a la vida o a la continuidad de la nación. Los partidos políticos o bien no concordaron nunca en adoptar esta decisión extrema —que hubieran mermado considerablemente los actos asesinos de ETA, y tal vez acabado con ellos, adoptándose medidas complementarias como se hizo después con la kale borroka— o bien prefirieron elegir otros caminos para combatir sus atentados. Se permitió de hecho que ETA actuara con mucha eficacia durante años y ello tuvo como consecuencia un elevadísimo número de víctimas.
Algunos argumentaron entonces que "España no era Israel", que no practicaba el ojo por ojo mosaico. La España democrática se creyó moralmente superior a los asesinos no respondiendo proporcionada pero contundentemente a sus crímenes. Aún así, poco a poco ETA se fue debilitando gracias a la acción de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y a los servicios de inteligencia. Pero desde 2004 todo cambió. Hace veinte años, otro socialista, José Luis Rodríguez Zapatero, puso en marcha lo que Jaime Mayor Oreja, de los pocos que quedan de un PP capaz, estratégicamente respetable y de valores realmente democráticos, llama un "proceso de maldad" dirigido a blanquear a los asesinos y su causa, a abandonar a las víctimas y a destruir la Nación española.
Ese proceso de maldad continuada —asumido por un PP desarmado por la llamémosla, piadosamente, indiferencia, de un Mariano Rajoy que disponía de una inmensa mayoría de diputados, de casi todos los presidentes de Comunidades Autónomas y de una mayoría abrumadora de alcaldes de capitales, además de otros muchos recursos políticos y humanos—, ha seguido hasta hoy impulsado implacablemente por los Gobiernos de Pedro Sánchez y la complicidad de un PSOE que pasó en una generación de ordenar el asesinato de los etarras a librarlos de la cárcel y las penas entregándoles de paso unas instituciones regadas por la sangre de unas víctimas que se sacrificaron porque España fuera una democracia decente y moralmente íntegra.
¿Para esto se dejó morir a Miguel Ángel Blanco y las 856 víctimas asesinadas por ETA? ¿Para eso se combatió limpiamente a ETA (salvo por los GAL) durante años? ¿Para esto se consintió el exilio de miles vascos que huyeron de su muerte anunciada? ¿Cómo es que nos hemos dejado helar la sangre, la nuestra y la de las víctimas, por personajes a los que la vida y el dolor de tantos ciudadanos y su familias, no les importa nada? ¿Cómo es que se ha tragado con el hecho de que matar esté siendo más que rentable en esta democracia mientras que el sacrificio de morir ha sido inútil para la Nación y su Constitución?
Y ahora, vemos cómo la maldad, repulsiva ya, de un Gobierno socialcomunista introduce cambios en textos legales para rebajar la pena de unos asesinos sin piedad e incluso para dejarles libres. Chapote, Cantauri, Anboto, Mobutu y suma y sigue. 400 años menos de pena y puertas abiertas. Y vemos cómo se dice que han logrado colarle un engaño más a la oposición. Pero, ¿cómo es que la oposición, PP y Vox, no ha reparado en el engaño? ¿Tal vez carece de medios materiales y técnicos para detectar la infamia? ¿O es que se lo han tragado porque les convenía mirar para otro lado y simular sorpresa? Claro que cabe la duda. A mí me cabe. No puede ser que un batallón de juristas no calibre las consecuencias de una intencionada modificación de un texto legal. ¿Para qué pagamos tanto y a tantos?
No, no. Para curar este cáncer no sirven las libélulas.
