La Constitución española es muy clara al señalar en su articulo 90.2 que un proyecto de ley aprobado por el Congreso, pero posteriormente vetado o al que se le han introducido enmiendas por el Senado, "no podrá ser sometido al Rey para sanción sin que el Congreso ratifique por mayoría absoluta, en caso de veto, el texto inicial". A pesar de lo anterior, y de que el Senado rechazó el pasado lunes por mayoría absoluta, la reforma de la ley de antecedentes penales de la UE, el Gobierno ha decido publicar directamente este proyecto de Ley en el BOE con la peregrina excusa de que un rechazo al proyecto de ley que beneficiara a 44 etarras en el Senado por 148 votos en contra y 111 votos a favor y dos abstenciones no constituye en realidad un "veto", al no haberse registrado en tiempo y forma como veto (sic). Sin embargo, tal y como argumenta con toda lógica el informe de los letrados del Senado "un rechazo por mayoría absoluta del pleno del Senado es un acto que debe tener el efecto jurídico de un veto, por haberse acordado con carácter final y global".
Al margen, por tanto, de la más que dudosa legalidad de considerar que el Senado lo ha "validado", es la primera vez en la historia de nuestra democracia que un proyecto de ley rechazado por mayoría absoluta en el Senado no vuelve al Congreso para ser ratificado y, en su lugar, es publicado directamente en el BOE. La razón no es otra que el deseo del Gobierno por satisfacer cuanto antes a sus socios bilduetarras sin que estas reducciones de pena a sanguinarios etarras que contempla la ley siga desgastando más al Gobierno en un asunto que ha desatado la indignación de todas las asociaciones de víctimas del terrorismo y de la inmensa mayoría de los españoles.
Recuérdese que esta escandalosa e injusta reducción de penas a los etarras no fue introducida inicialmente en el proyecto de ley, sino que fue introducida arteramente como enmienda de Sumar. Descubierto dicho "caballo de Troya", desgraciadamente, con posterioridad a que el Congreso aprobara el proyecto de ley por unanimidad, y con posterioridad también a que PP, Vox y UPN tuvieran tiempo para presentar en el Senado enmiendas o veto al mismo, el hecho cierto es que llegado el día de la votación en la Cámara Alta dicho proyecto de Ley ha sido ampliamente rechazado en el Senado.
Al margen del más que lamentable enfrentamiento institucional entre Congreso y el Senado, el hecho de que lo provoque el deseo de satisfacer una vieja reivindicación de ETA abanderada por su brazo político pone de relieve, una vez más, la degradación moral y política de este Gobierno. Esa es la razón por la que el Ejecutivo quiere pasar página cuanto antes y esa es la razón por la que los españoles no debemos olvidarlo en aras de la memoria, la dignidad y la justicia de las víctimas del terrorismo.
