El pasado 18 de septiembre el Congreso de los Diputados respaldó por unanimidad el Proyecto de Ley Orgánica por el que se modifica la Ley Orgánica 7/2014 de 12 de noviembre sobre intercambio de información de antecedentes penales y consideración de resoluciones judiciales en la Unión Europea para su adecuación a la normativa de la Unión Europea sobre el sistema europeo de información de antecedentes penales.
Es cierto que el texto inicial de esta proposición de Ley no era más que una útil y adecuada transposición de la normativa europea que facilitaba el intercambio de información sobre antecedentes penales entre los Estados miembros de la Unión. Sin embargo, durante la tramitación parlamentaria, el Gobierno y sus aliados bilduetarras introdujeron de rondón y a través de Sumar una pequeña pero trascendental enmienda que, en el punto 14, se limitaba a decir "se suprime la disposición adicional única".
Pues bien. Dicha Disposición adicional Única de la ley Orgánica 7/2014 que se va a suprimir decía: "En ningún caso serán tenidas en cuenta para la aplicación de la presente Ley las condenas dictadas por un Tribunal de un Estado miembro de la Unión Europea con anterioridad al 15 de agosto de 2010". Al suprimirse esta disposición, 44 etarras saldrán de la cárcel anticipadamente al contabilizarles el tiempo de prisión que, por otros delitos, pasaron en Francia; entre ellos, los sanguinarios Txapote, asesino, entre otros, de Gregorio Ordóñez, Fernando Múgica o Miguel Ángel Blanco, o Kantauri, asesino de Alberto Jiménez Becerril y su mujer Ascensión García.
Nada más lejos de nuestra intención que ocultar la responsabilidad in vigilando de los diputados del PP, Vox y UPN, que no se leyeron el texto definitivo y lo respaldaron como el resto de las formaciones políticas. Ahora bien: una cosa es que no dejemos de señalar el gravísimo error y la falta de probidad de los diputados de la oposición constitucionalista y otra muy distinta que equiparemos su grave falta de diligencia con la nauseabunda y deliberada voluntad del Gobierno y de sus socios separatistas (empezando por los bilduetarras) de excarcelar antes de tiempo a estos sanguinarios terroristas. Y es que quien engaña merece siempre una mayor reprobación moral que quien cae en el engaño.
Buena prueba del muy distinto reproche moral y político que merecen PP y Vox respecto al que merece el Gobierno social-comunista y sus aliados separatistas es que, mientras que el partido de Feijóo y el de Abascal han pedido disculpas por su error y han exigido al Gobierno que retire dicho proyecto de ley, el Gobierno socialista, con el respaldo de bilduetarras y resto de separatistas, se ha negado a eliminar ese punto aun cuando ya se ha destapado en la opinión pública que conllevará una catarata de excarcelaciones. Pero que no nos extrañe tamaña infamia: recordemos al máximo dirigente proetarra Arnaldo Otegui respaldar a Sánchez con la premisa "presos por presupuestos" o, más recientemente, el acuerdo del PSOE con los bilduetarras que debilita la seguridad y limita la acción de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado.
Así las cosas, que nadie se llame a engaño: la aprobación por unanimidad en el Congreso de esta ley se deberá a los engaños de unos y a los errores de los otros, pero su aprobación definitiva será responsabilidad exclusiva del único que puede retirar esta parte del proyecto de Ley: el Gobierno de Pedro Sánchez a quien, ciertamente, bien puede votarle Txapote.