La actuación de la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda María Jesús Montero como responsable de la Agencia Tributaria está a la altura de su soez desempeño en el Congreso de los Diputados. Pero hay una diferencia. La grosería no es delito. No se puede decir lo mismo y con tal rotundidad sobre las maniobras de Montero y sus anuncios en torno a los datos fiscales de la pareja de Isabel Díaz Ayuso. María Jesús Montero no escarmienta ni toma nota de lo sucedido con el fiscal general del Estado, imputado en el Tribunal Supremo por revelación de secretos del mismo expediente.
El brutal desparpajo con el que actúa la vicepresidenta es una muestra de hasta qué punto el Gobierno de Pedro Sánchez ha convertido la Agencia Tributaria en una suerte de Stasi cuyo objetivo es minar y eliminar a los adversarios políticos. Que Montero tenga el cuajo de avanzar a los medios "más información que a todos nos escandalizará" la inhabilita por completo para los cargos que ocupa al tiempo que señala la deriva dictatorial del Ejecutivo socialista. Manejar y utilizar información que debería ser secreta es motivo más que suficiente para exigir la dimisión de una política que ya ha demostrado amplia y gráficamente su incapacidad para comportarse como es debido.
Montero no oculta la obsesión inducida por Sánchez con la presidenta de la Comunidad de Madrid y es un elemento esencial en la dantesca operación de acoso y derribo desatado contra Díaz Ayuso por el presidente del Gobierno ya antes de la imputación de su esposa por tráfico de influencias y corrupción en los negocios. Y tal es el furor y la saña contra Díaz Ayuso que los principales actores de los ataques no dudan en traspasar líneas rojas que no se habían cruzado hasta ahora en la historia de nuestra democracia. La imputación del fiscal Álvaro García Ortiz es consecuencia de ello y un acontecimiento inédito, como inéditas son las expresiones de visceralidad y exasperación de la vicepresidenta primera.
La desfachatez con la que Montero anticipa que los datos de la pareja de Díaz Ayuso acabarán en la prensa es propia de quien se cree impune. Es obvio que la fiscalía no va a actuar de oficio contra la vicepresidenta, del mismo modo que es evidente que se ha saltado a la torera varios artículos de la Ley General Tributaria, cuyo incumplimiento debería tener notorias repercusiones judiciales.
Tampoco se puede pasar por alto la coincidencia de fechas entre la remisión a la Justicia del informe sobre la trama Koldo-PSOE elaborado por la Inspección tributaria y la petición de que la investigación contra la pareja de Díaz Ayuso fuera elevada a la categoría de causa penal. Consta que María Jesús Montero está tan encima del caso de la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid que las actuaciones podrían quedar invalidadas por culpa de su entusiasmo. Ni respeta leyes ni los derechos de los ciudadanos. Encarna la degradación de la democracia española de la que alertan en Europa.
