Hoy, resulta obligado reflexionar sobre las garantías que se exigen para el acceso a las instituciones públicas, a fin de asegurar la solvencia, para la acción a que están llamadas.
De buena parte de ellas, tenemos constancia de su exigencia para devenir en el ejercicio de su función. Así nos consta del cuerpo judicial, y de determinados altos cuerpos, habilitados para el ejercicio de la función administrativa, cuyos componentes, demostraron sobradamente su competencia.
Respecto al cómo se demuestra la competencia, es de sobra conocido el procedimiento de demostrar públicamente, ante un Tribunal, que los candidatos poseen conocimientos teóricos y prácticos bastantes, para garantizar la solvencia de sus funciones ejecutivas.
Ya sé, que las generaciones más jóvenes están en contra del sistema, porque consideran que tal procedimiento de selección favorece a los ricos, quedando excluidos los menos favorecidos.
El argumento, además de falaz, contradice la realidad existente. Aprenderse 350, 400, o más temas, para defenderlos públicamente ante un Tribunal, en un tiempo limitado, exige un esfuerzo que nada tiene que ver con el patrimonio de los progenitores.
Pero mi pretensión hoy pretendía hacerme la misma pregunta, sobre conocimientos y competencias, para ejercer una función, tan esencial, como la legislativa. Y viene al caso, por las informaciones sobre pactos normativos entre el PSOE y Sumar, o entre el PSOE y Junts…
O sea que para la función legislativa, importante como la que más, no se exige conocimiento previo alguno. Es evidente que así es, y ahí están las leyes aprobadas que, en su ejecución, han producido efectos contrarios a los pretendidos en su aprobación.
Ahora, ese pacto diabólico se cierne sobre los usuarios de la sanidad privada. ¡Cuidado! Porque, aunque el pacto consiga los votos, lo negro nunca será blanco. Aun así, ¿sabe el PSOE y Sumar lo que es la "sanidad", pública o privada? ¿Distinguen los pactantes entre "sanidad" y "asistencia sanitaria"? Los bienes públicos o privados, no cambian de carácter por quién los suministre.
La "sanidad", es decir la lucha contra las epidemias, es siempre un bien público: beneficia a toda la sociedad –su demanda es colectiva–, no hay exclusión de demandantes, como pasaría en los bienes privados; por ello, es aceptable que su provisión la haga el sector público. Lo mismo ocurre con la defensa; o toda la sociedad está defendida, o nadie lo está.
En la "asistencia sanitaria" sí que rige la exclusión, por ello no es un bien público puro, sino un "bien de mérito" cuyo consumo debe favorecerse –hasta subvencionando su precio–, aunque evitando la gratuidad, para no generar sobredemanda con listas de espera, que deterioran el servicio.
Y, no tengo detalles del pacto, porque si lo que se pretende es atacar a los ricos –muy propio del sanchismo–, mediante impuestos a sus pólizas de seguros, más lógica será la imposición a la asistencia, aún más privada, asignada mediante acuerdo paciente/facultativo, de entre los facultativos colegiados, sin restricción alguna, por adscripción o no, a una póliza de seguros. Encarecer la asistencia sanitaria, es tan perverso como subvencionar la drogadicción.
¡Aprendamos, antes de legislar!