El 12 de marzo de este año, la Fiscalía de Madrid denunció por fraude fiscal a la pareja de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador, y la organización criminal conocida como PSOE se frotó las manos, pensando que gracias a las actividades privadas de su novio, anteriores a su vida en común, por fin se cobraría la cabeza de su némesis. Un día después la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, denunció amparándose en una noticia que no se publicaría hasta horas más tarde que Amador habría cobrado dos millones de euros en comisiones perfectamente legales por contratos de mascarillas sin ninguna relación con la Comunidad de Madrid y realizados antes de que comenzara su relación sentimental. Pese a ello eran de algún modo culpa de Ayuso, así que tenía que dimitir, naturalmente.
Al día siguiente, la jefa de gabinete de Óscar López, el designado por el sanchismo para sustituir a Lobato, le enviaba un correo en el que el abogado de González Amador proponía un acuerdo a la fiscalía, correo que habían obtenido porque García Ortiz se lo había enviado, cometiendo así un delito de revelación de secretos por el que está imputado. Como a Lobato, que es técnico de Hacienda y no es tan tonto como García Ortiz —un listón bastante bajo, hay que reconocerlo—, no le apetecía acabar delante de un juez acusado de un delito, se negó, garantizándose así el odio del Número Uno y sus umpa lumpas. Moncloa se vio entonces obligada a enviar la información a la obediente soldado Angélica Rubio para que lo publicara en su panfleto, El Plural, fundado hace ya muchos años como alternativa a Libertad Digital, pero dentro del paraguas de la organización criminal conocida como PSOE.
Una vez publicado el correo, Lobato podía utilizarlo sin riesgo penal, y eso hizo sin rubor alguno en la siguiente sesión de control al Gobierno de Madrid, pese a conocer de primera mano el origen ilegal del documento. Cuando el Tribunal Supremo ordenó el registro del despacho de García Ortiz el 30 de octubre, el día siguiente de la catástrofe de la dana en Valencia y momento en que Angélica Rubio fue premiada con un cargo en el Consejo de RTVE, Lobato, temeroso de que su participación se conociera y fuera magnificada al tener en su contra a los mismos padrinos que arropan al capo de la organización criminal conocida como PSOE, acudió a un notario a dejar registrada toda la conversación que tuvo con Pilar Sánchez Acera, la jefa de gabinete de Óscar López.
Desde que el domingo por la noche empezara a circular la portada del ABC en los que publicaba esos mensajes certificados ante notario, Lobato ha hecho lo posible por intentar quedar como el bueno de la película y resistir al frente de los socialistas madrileños. Ha durado tres días. Era uno de esos pocos socialistas que se supone pertenecen a un imaginario "PSOE bueno" al que apelan Feijóo y su coro de sorayos y al que llevamos décadas esperando. Y el único mérito de Lobato para merecer ese reconocimiento era que, en palabras de Díaz Ayuso, no es un criminal. Y nada más.
No seré yo quien niegue el mérito de no ser un criminal cuando formas parte de la PSOE. Pero si basta con ese requisito para ser un socialista bueno, quizá ha llegado el momento de que en el PP se den cuenta de que los únicos socialistas españoles que merecen la pena están ya dentro de sus filas y que el PSOE es irrecuperable. No dudo que España necesite un partido socialdemócrata para que nuestra democracia funcione. Pero ya tenemos dos. Librarnos del que es una mafia desde hace al menos dos décadas es imperativo para que España pueda ser, algún día, un país normal.