
Una de las muchas mentiras sobre las que se sustenta el Gobierno de Pedro Sánchez —y quizá una de las más graves— sea la de presentarse como una víctima.
Sánchez repite machaconamente que es una víctima de los poderosos. Montero alerta de que van a por ellos. Bolaños lamenta la "gravísima indefensión" que está sufriendo Begoña. Todos ellos nos dicen, en suma, que el mayor problema al que se enfrenta España no es la corrupción de la que se benefician los socialistas sino la injusticia que sufren por el hecho de ser investigados.
Esta estrategia política es mucho peor que falsa. Es inmoral. Y es peligrosa. Lo es a causa de, por lo menos, cuatro razones.
Primero, porque olvida a las verdaderas víctimas de la desesperación en España. Las víctimas de la DANA abandonadas por Sánchez en su funeral de Valencia fueron, en la práctica, relegadas a "pseudovíctimas". Como lo han sido los millones de españoles en riesgo de pobreza o las víctimas de los violadores, ladrones o okupas o los perseguidos por razones lingüísticas en Cataluña. Que Sánchez y sus ministros gasten todas sus energías en compadecerse de sí mismos en vez de en atender a los verdaderamente necesitados es una traición absoluta de sus responsabilidades. Su narcisismo político raya en lo criminal.
Segundo, porque su victimismo busca ocultar una evidencia: poderoso es quien detenta el poder, no quien lo investiga. ¿Quién tiene en su mano a la Fiscalía General del Estado, a la Abogacía del Estado o a RTVE para defender sus intereses? Tildar de poderosos a quienes, simplemente, buscan la verdad es, en realidad, la coartada perfecta para acumular más poder vía colonización de las instituciones. El poder imaginado de los demás permite a Sánchez reclamar más poder real para sí mismo: "mis enemigos son muy poderosos por lo que necesito más poder". El último ejemplo es la Ley por la que se buscará censurar a los "usuarios relevantes" de redes sociales no afines.
Tercero, porque presenta como una operación política lo que no es más que una investigación judicial. La Justicia tiene la obligación de investigar las evidencias de delito. En el caso de la familia y del Gobierno de Sánchez, las evidencias son muchas. Investigar solo es atacar en la mente de quien teme lo que se pueda descubrir.
Y, cuarto, porque faculta al Gobierno para tratar al Poder Judicial como a un enemigo. Sánchez ha convertido a los Jueces en una especie de nuevo partido político organizado en su contra. La falsedad es obvia. La peligrosidad quizá no lo es tanto. Pero, es real. Atacar a los Jueces por hacer su trabajo es una conducta que, en Europa, hasta ahora sólo se había visto en Hungría y en Polonia. Este autoritarismo le costó a ambos países severas reprimendas comunitarias. ¿Saldrá la Comisión Europea algún día a defender a la Justicia española frente a los ataques sufridos a manos del Gobierno Sánchez?
En resumen, la estrategia victimista de Sánchez busca otorgarle una superioridad moral que sus acciones le niegan. Y, merced a esta imaginaria superioridad, se cree facultado para transformar la acción de la Justicia en un movimiento de injusticia dirigido contra sí mismo. Pero, Sánchez no es una víctima: es la mayor amenaza para la democracia española de los últimos 50 años.