
La Ley de Defensa de Sánchez y asociados es calcada, en su propósito de impunidad para el poder de la Ley de Defensa de la II República perpetrada antes de terminar y votar la Constitución y que duró tres años de atropellos en el Bienio Rojo de Azaña. Lamentablemente, ha suscitado poca atención entre los historiadores y, en consecuencia, entre los que gustan de curiosear las cosas de España. Es común pensar que esa Ley la promulgó Azaña tras el golpe de Estado de Sanjurjo en 1932, aprovechando una asonada sin trascendencia para imponer la censura a los medios desafectos al régimen, es decir, a su persona, porque siempre se creyó el único capaz de dirigirla.
Un despotismo bipartidista y de ocasión
No es así. La Ley de marras se introdujo a martillazos en una disposición transitoria segunda mientras seguían reunidas las Cortes Constituyentes. O sea, que unos señores llegados al poder sin mandato popular, ya que en las urnas del 14 de febrero se dirimían sólo unas elecciones municipales, convertidas en vacío de poder tras la huida de Alfonso XIII, empezaron su tarea privando de derechos civiles básicos a los ciudadanos, para que nadie criticara el nuevo régimen, que, en lo esencial, era masónico y anticatólico, como la propia Constitución, que provocó la dimisión de Alcalá Zamora, presidente del Gobierno Provisional y la retirada de las Cortes del grupo vasco-navarro por la Ley en defensa de una República que aún no existía.
Cabe alegar que todas las revoluciones y los nuevos regímenes empiezan de forma parecida, bajo el signo de la improvisación. Cierto. Pero aquella provisionalidad en que nació la Ley de Defensa anunciaba el sectarismo patológico, típicamente masónico, que la II República iba a exhibir contra la religión y los católicos, que cinco años después acabó en guerra civil. La susodicha ley también privó de derechos básicos a la extrema izquierda obrerista, sobre todo la CNT, cuyas huelgas fueron disueltas a tiros, como en Pasajes sólo cinco semanas después de la llegada de la República, con ocho muertos y cincuenta heridos. Los derechos más básicos –expresión, reunión y asociación–quedaban prohibidos a capricho del Ejecutivo. Y la derecha, cómo no, en la ocasión el ministro del interior Miguel Maura, alfombró el proyecto de la izquierda que era claro: la discriminación, al estilo mexicano, de los católicos y la extrema izquierda. En los primeros años de la II República, entre la ley de 21 de octubre 1931 y la de 1933 de Orden Público que le derogó, la Ley fue un arma de despotismo político.
Frases de chulería dignas de cualquier Sánchez
La Ley de Defensa de la República siempre lo fue en defensa del gobierno. En dos frases puede definirse el nulo respeto que por las libertades de los demás, la Oposición política y mediática, tenían la derecha y la izquierda republicanas. Una, de Miguel Maura, hombre que, con su apellido, pasaba por garantizar el orden público, pero cuenta en su libro Así cayó Alfonso XIII que llamó a dueños y directores de periódicos para que no contasen "sesgadamente" la citada matanza de Pasajes. La censura sobre la "quema de conventos", que lo fue también de templos y otras instituciones, no nubló la conciencia de un derechista católico, que cuenta así su hazaña:
"(…) interesaba que España supiese que había un Gobierno en su sitio, con el cual no se jugaba. Ahora bien, el diario que utilice la noticia para su campaña política, o intente envenenar el ambiente con ella, será suspendido, y suspendido quedará mientras yo esté en este Ministerio. Se dieron por enterados y abandonaron mi despacho… Salvo ‘La Voz’, que en su última página daba escuetamente la noticia sin el menor comentario, los demás diarios nada publicaron del suceso."
El valor que nunca tuvo Maura para investigar la quema de templos, conventos y bibliotecas valiosísimas de colegios y otros centros católicos, lo exhibe aquí contra los periódicos, a los que amenaza de cierre y ruina. Ninguna diferencia con Sánchez y sus secuaces cuando atacan los "bulos" sobre todos los casos de corrupción de su familia, su partido y su gobierno.
Sánchez podría asumir las prohibiciones de aquella Ley, y presentar como delitos "actos de agresión a la República" como "la difusión de noticias que puedan quebrantar el crédito o perturbar la paz o el orden público" (…) "toda acción o expresión que redunde en menosprecio de las Instituciones del Estado" (…) "la apología del régimen monárquico… y el uso del emblema, insignias o distintivos alusivos". Por ejemplo, podrían serlo las fotos de los reyes en Paiporta o de Leonor subiendo al Elcano.
La izquierda obrera, distinta a los comegambas de hoy, delinquía por "la suspensión o cesación de industrias o labores de cualquier clase, sin justificación bastante" (el "bastante", a juicio del Gobierno), "las huelgas no anunciadas con ocho días de anticipación (…), declaradas por motivos que no se relacionen con las condiciones de trabajo y las que no se sometan a un procedimiento de arbitraje o conciliación". Y atención: "alteración injustificada del precio de las cosas" y "falta de celo de los funcionarios públicos en el desempeño de sus servicios". Era la ley de una dictadura. Y así la ejerció Azaña tras la "sanjurjada" cerrando el ABC y cien periódicos.
Uno de los grandes juristas de la época, Ángel Ossorio y Gallardo, que estuvo al frente de la comisión constitucional, se encontró un día en las Cortes ante el dilema de votar la disposición transitoria segunda, la de la Ley de Defensa de la República, e hizo este discurso de total actualidad:
"Se trata de un artículo adicional a la Constitución que viene sin dictamen de nadie, sin deliberación, sin conocimiento previo de la Cámara y para ser resuelto en pocos minutos. (…) No estaba yo prevenido cuando vine a la Cámara de que habría de votar medida tan excepcional como una ley de Defensa de la República que se aparta de la Constitución, que se pone sobre el Código penal. Cuando el Gobierno presentó la ley, dijo en un artículo que esta ley viviría lo que las Cortes Constituyentes… pero de pronto se nos pide que incorporemos esa ley a la Constitución como artículo adicional"
Hay que decir que Ossorio hablaba sabiendo ya el uso y abuso que el Gobierno había hecho de esa ley, y explicó por qué se negaba a votarla:
"Después del tiempo que lleva rigiendo la ley excepcional, conocidos sus efectos, vista su aplicación, digo que yo no la ratifico. (…) Votar la Constitución garantizadora de todos los derechos de los españoles y el mismo día, en su propio texto, decir que ponemos otra vez nuestra confianza en una ley excepcional de esos mismos derechos, me parece una paradoja de tal gravedad que nadie podrá aceptarla sin vacilaciones."
Por supuesto, la mayoría obedeció las órdenes de partido y se votó. Y así quedó, como fuente legal de atropellos y arbitrariedades, durante dos años.
También servía para perseguir jueces
Es probable que el eminente jurista tuviera en la memoria, entre otras, la fechoría que el ministro de Gobernación Casares Quiroga, siniestro sujeto a quien volvió a recurrir Azaña como presidente tras echar ilegalmente a Alcalá Zamora de la Presidencia de la República, perpetró contra el juez Luis Amado, al que multó con dos meses de sueldo por dejar en libertad provisional con cargos a un tipo al que en un bar pillaron con mil pesetas y una pistola. También entonces, todo se repite, protestó el Colegio de Abogados, como por la filtración de datos del novio de Ayuso. Ya presidente del Gobierno, Casares se negó a perseguir a los asesinos de Calvo Sotelo, y cuando le dijeron el 17 de julio de 1936 que "se había levantado el ejército de África", contestó: "pues yo me voy a dormir". En resumen, el proyecto de ley de Sánchez para protegerse de la Ley y amenazar a jueces y medios de comunicación no es nada nuevo. Se inserta en la rica tradición de la izquierda contra el Estado de Derecho. Pero si sale adelante, en todo o en parte, habremos vuelto a la atmósfera de 1936. Aunque es verosímil que acabase como ayer, tratemos de evitarlo hoy.