La crisis institucional que estamos atravesando no tiene antecedentes y, lo que es peor, promete complicarse cada día. La ruptura completa del orden constitucional y el continuo recurso a escenarios desconocidos forman parte del ambiente político que necesita Pedro Sánchez para seguir existiendo.
El presidente es rápido generando el caos que la oposición tarda tanto en digerir: el PP organiza un debate con cada envite y Vox pone querellas después de enzarzarse con los del debate del PP. El resultado es que Pedro Sánchez sigue tachando los días en el calendario elevando cada vez más el reto institucional. Sueña con ese día en que no necesite viajar a Waterloo, regalar palacetes y competencias o borrar delitos para que le aprueben el sillón del Falcon. Y se lo está trabajando a conciencia.
Hoy, febrero ya de 2025, la Justicia que no ha caído del lado golpista, es la tabla de salvación más sólida que encontramos en este dramático naufragio. No sabemos cuánto tiempo nos mantendrá a flote porque la amenaza es ya muy parecida a la del golpe de octubre de 2017, momento fundacional de la gran recaída.
El pasado que vuelve cuando se olvida
Fueron las puñetas sanchistas las que nos trajeron este Régimen en 2018 en forma de moción de censura contra el entonces presidente Mariano Rajoy. No es necesario repetir aquí lo que tantas veces hemos dicho sobre la actitud del PP del Arahy que se dejó echar con tantos complejos como siempre, el mal endémico de la derecha española desde mucho antes de Franco.
Pero sí es importante no olvidar que a Rajoy lo echó una trama togada que empieza a nublarse en la memoria de muchos políticos y no pocos periodistas. Pocas veces una alegoría acaba identificando más sus términos que en la cacería de Cabeza Prieta (Jaén) de 2009, ¡hace ya 16 años! Allí, entre puntas de ciervo y algún colmillo de jabalí, se pergeñó la operación Gürtel contra el PP. Baltasar Garzón (juez de instrucción de la Audiencia Nacional), Mariano Fernández Bermejo (ministro de Justicia y exfiscal jefe de Madrid), Dolores Delgado (fiscal de la Audiencia Nacional) y Juan Antonio González (comisario de la Policía Judicial) fueron la banda original. Con su visera de caza y todo. Los Peaky Lawyers.
Gürtel reunió a muchos delincuentes, sin lugar a duda. Pero el juez que no pudo ser ministro usó la operación para destruir por completo al PP en una causa que le costó una condena por prevaricación ya que grababa a los reos con sus abogados mientras planificaban las defensas en prisión violando así una garantía constitucional básica.
El escándalo no impidió al PSOE, ya desalojado del poder, dictar morcillas a otro juez, José Ricardo de Prada, y convertirlas en motivación de una moción de censura que acabó con Rajoy y puso en el trono de la mafia a Pedro Sánchez. A De Prada no lo condenaron porque en España, determinados delitos crean una especie de jurisprudencia pro-reo pese a no mediar duda alguna. Fue apartado del caso de los papeles de Bárcenas por la Audiencia Nacional y reprendido por el Supremo, que le recordó que Rajoy nunca estuvo imputado y que al PP no se le estaba siquiera juzgando. Pero el daño no lo reparó nadie, claro. Una muesca más.
Todo esto, por escandaloso que parezca, se ha olvidado por completo, permitiendo así su impune repetición. Cándido Conde Pumpido desde el Tribunal Constitucional pilota de nuevo el poder socialista con togas… y viseras de cazador.
Ahora un fiscal general del Estado está imputado por cometer un delito tan grave como el que apartó a Garzón de la judicatura hace más de una década. El marido de la mentora de Álvaro García Ortiz —aquella cacería unió mucho— violó las comunicaciones entre abogado y cliente; el pupilo hace lo mismo pero contra un ciudadano —después, novio de Isabel Díaz Ayuso— que estaba ya regularizando su deuda con Hacienda y ordena filtrar los correos entre un fiscal y el abogado. Distintos delitos pero mismas razones: guerra sucia contra el PP. La interminable cacería, agravada ahora por un escenario golpista y de corrupción.
Trece fiscales sin miedo
Además de las contundentes declaraciones de la fiscal Almudena Lastra, indignada por el mero hecho de que su jefe hubiera filtrado los correos — "Eso ahora no importa", dijo el fiscal— y del fiscal Julián Salto, el que gestionaba el caso con el abogado del novio de Ayuso y desmontó la coartada de García Ortiz sobre los móviles huidizos —un terminal cuatro meses—, esta semana se ha levantado otra defensa contra el golpe judicial que dirige Sánchez, monitoriza Cándido Conde Pumpido y van ejecutando peones como Álvaro García Ortiz.
Se trata de un manifiesto más que necesario, firmado por trece fiscales, once de ellos de Sala y dos ex fiscales generales del Estado que piden la dimisión del Fiscal general del Estado. Son casi un tercio de los 35 que forman la Junta de Fiscales de Sala. Añádanse los que ya se han pronunciado durante la investigación y los jueces que, desde asociaciones o el mismo CGPJ, denuncian el intolerable asalto.
El manifiesto completo es de obligada lectura y su gravedad no decae en ningún momento, pero cabe destacar la vergüenza que sienten estos funcionarios de la Justicia al ver a su superior callar ante un juez del Tribunal Supremo:
La comparecencia del Fiscal general del Estado para declarar como investigado en el Tribunal Supremo negándose a responder a las preguntas del Magistrado Instructor es impropia de un Estado Democrático de Derecho. Puede hacerlo como investigado Don Álvaro García Ortiz; nunca el Fiscal general del Estado que, pese a ser objeto de investigación penal por el máximo órgano judicial del Estado, sigue representando al Ministerio Fiscal entre cuyas funciones se encuentra la de velar por la independencia de los Tribunales.
Una de las frases más repetidas en las películas con trama judicial en la que defensas y acusación miden sus brillantes argumentos es el consabido: "No hay más preguntas, señoría". Es el colofón presuntuoso a una evidencia desnuda que desmonta, o pretende hacerlo, la estrategia de la otra parte. En el caso del Inidóneo imputado, lo que no hay son respuestas al juez. Como los etarras que no reconocen a los tribunales que les juzgan. Como los golpistas de 2017 negaron autoridad a los jueces que los procesaron.
El fiscal imputado sólo respondió a las preguntas de su abogado —que lo es del Estado— y se permitió acusar al juez del Supremo Ángel Hurtado de actuar de forma "predeterminada", vulgo prevaricación. Arremetió también contra la fiscal Lastra porque, según dice, no habría osado preguntarle si ordenó la filtración. Ella declaró como testigo, con el deber de decir la verdad; él, al comparecer como imputado, puede mentir sin incurrir en (otro) delito.
Los benefactores de la cúpula fiscal tienen nombres y apellidos y es justo reconocerles su misión, a la que un día se consagraron: preservar la Justicia. Son trece: Javier Zaragoza, Antonio Narváez, Elvira Tejada, Consuelo Madrigal, José Miguel de la Rosa, Rosana Morán, Jaime Moreno, Fidel Cadena, Javier Huete, Pilar Martín Najera, Francisco Moreno, Manuel Moix y María José Segarra.
Quedan muchas preguntas que responder y muchos atropellos por sufrir. Puede que el Fiscal acabe achicharrado como simple fusible del circuito criminal, pero eso no pondrá fin al proceso que tiene en el Tribunal Constitucional una suerte de última instancia incondicional con capacidad de convertir el delito en virtud.
El presidente del Gobierno está rodeado por la corrupción, desde ministros a su propia familia, y amenazado día y noche por los golpistas que le permiten seguir en La Moncloa a cambio de prebendas contrarias al orden constitucional. Trata de despistarnos con la política común, con los decretos, con Franco, con la economía… como si nada pasara. Y empuja al PP para que pise la trampilla que da al vacío. Si sabrán de trampas estos de la visera.
Nunca antes un Fiscal general había sido imputado, nunca antes un imputado había entrado al Supremo por la puerta de autoridades, nunca antes se habían borrado delitos, nunca antes la familia de un presidente había estado imputada por la Justicia… La lista de estrenos es interminable y promete crecer. A ver si se pone de nuestra parte.