La necesidad de seguir contando con los abundantes fondos Next Generation, el vasto programa de inversiones que la UE instituyó en 2020, obliga al Gobierno a cumplir una serie compromisos con Bruselas entre los que destaca, por su impacto económico y trascendencia social, la elaboración de una reforma de las pensiones que garantice su sostenibilidad.
Hasta el momento, lo único que ha hecho el Gobierno social-comunista para tratar de salvar la cara ante la UE ha sido subir los impuestos, la receta habitual de la izquierda para todos los problemas cuando está en el poder. Con Sánchez en el Gobierno, los españoles pagamos dos nuevas figuras impositivas destinadas a paliar la bancarrota del sistema, con denominaciones tan progresistas como el Mecanismo de Equidad Intergeneracional o la Cuota de Solidaridad. Pero ni siquiera los nuevos instrumentos extractivos ideados por el nefasto José Luis Escrivá son suficientes para garantizar las pensiones futuras, un asunto que preocupa especialmente en las instituciones comunitarias, que dudan muy seriamente de que España pueda equilibrar su sistema de previsión social solo por la vía impositiva.
El organismo encargado de vigilar el cumplimiento de los compromisos del Gobierno con Bruselas es la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), una institución que examina las cuentas públicas y evalúa el resultado de las políticas públicas en materia económica y fiscal. Su carácter independiente convierte a este organismo en sospechoso a los ojos de Sánchez, razón por la cual ha decidido cambiar las reglas del juego para que sus miembros solo puedan hacer su trabajo de acuerdo con los criterios del Gobierno.
Así, esta semana hemos conocido que el Ejecutivo sanchista ha decidido imponer unas estrictas reglas a la AIReF, que ya no podrá analizar con las manos libres las cuentas de las pensiones e informar de su descuadre. Según publicó el BOE el pasado miércoles, el informe de los expertos del citado organismo tendrá que considerar como ingresos naturales del sistema de pensiones las aportaciones que realice el Gobierno a través de los Presupuestos Generales del Estado y no solamente los que generan las cotizaciones sociales, que es de donde deberían salir las pensiones en un sistema equilibrado. De esta forma, Sánchez se guarda en la manga la facultad de cuadrar por arte de magia las cuentas de la Seguridad Social, una estafa procedimental en toda regla para presentarse ante Bruselas como un gobernante virtuoso que garantiza la estabilidad de las pensiones futuras de todos los españoles.
Con el Sanchismo, el examinado impone al examinador las reglas del examen, un trabalenguas siniestro aunque ajustado a la realidad. Pero los desequilibrios de las pensiones públicas son tan profundos y su agravamiento tan acelerado que solo un cambio radical, que incluya la introducción progresiva de instrumentos de capitalización, puede salvar un sistema que solo alcanza a cumplir sus compromisos gracias a las transferencias periódicas que el Gobierno pretende seguir realizando por la puerta de atrás.