El pasado domingo, los seguidores de Marine Le Pen se manifestaron en Francia contra los jueces. Consideran que la sentencia que la condena a cinco años de inhabilitación de forma inmediata es injusta. Y que se ha dictado con el único propósito de impedir que la dirigente de extrema derecha se presente a las elecciones presidenciales de 2027, que tenía muchas probabilidades de ganar. Le Pen no niega los hechos, la simulación de contratos de asistente europarlamentario suscritos con trabajadores del partido para que fuera Europa la que pagara sus salarios. Se trata de una malversación de libro. Sin embargo, la dirigente de extrema derecha opina que no es delito. Y que, aunque lo fuera, todos lo hacen. Y que, en cualquier caso, no se puede privar al pueblo francés de la oportunidad de votar a quien le parezca.
Entre sus partidarios, son muchos los que tienen por incontestables tales argumentos. Pero no están solos. Además de recibir los apoyos del Kremlin y de Orbán, también se ha solidarizado con ella Jean-Luc Mélenchon, líder de la extrema izquierda francesa. La torpe lideresa está decidida a echar por la borda lustros de lucha por ganar respetabilidad para su partido y afirma su deseo de oponerse "pacíficamente" a la aplicación de la sentencia. La necesidad de aclarar que todo se hará de forma pacífica dice mucho del carácter de Agrupación Nacional.
Lo chirriante de la condena es que la inhabilitación se aplique sin esperar a que sea firme. Sin embargo, esto no es consecuencia de un capricho del tribunal que la juzgó, sino fruto de la aplicación de la ley francesa. Antes de 2016 no era así. Los jueces podían aplicarla desde el primer fallo explicando por qué lo hacían. Después de la reforma legal es al revés, es efectiva desde el principio, salvo que los jueces entiendan que no debe ser así y lo fundamenten. En este caso, han dejado que la ley se aplique tal cual.
A Le Pen le puede parecer que la sentencia es injusta. Pero, si lo es, no es por culpa de los jueces, sino de la ley que tuvieron que aplicar. Y la propia Le Pen, junto con sus compañeros de la Asamblea Nacional, puede fácilmente reparar la iniquidad modificando la ley para que sólo se inhabilite a los condenados por sentencia firme. Pero, ocurre que queda muy mal ante la opinión pública hacer una reforma en beneficio de políticos corruptos. De forma que lo que quiere la francesa es que los jueces no le apliquen la ley por ser ella quien es y en consideración a sus elevadas probabilidades de ganar las próximas presidenciales. No quiere darse cuenta de que lo que persigue la ley es precisamente eso, que políticos con altas trazas de ser corruptos, tanto como para haber sido condenados en primera instancia, no puedan presentarse a cargos electos. Mucho más si son de la importancia de la presidencia de la República. Otra cosa es que Le Pen crea, como Mélenchon, que el voto del pueblo limpia al político de todos sus delitos y no debería, en buena doctrina democrática, impedirse a los criminales presentarse a las elecciones. Pues si lo cree, que lo diga, como ha hecho el atrabiliario líder de la Francia Insumisa. Claro que así nunca saldrá de la marginalidad.