José Pablo López, el recién nombrado presidente de RTVE, defendió en su cuenta de Twitter que ahora las películas emitidas en Cine de Barrio incluyan un cartel contextualizando sus contenidos sexistas, racistas u homófobos, por tratarse de formatos de otra época. Para justificarlo, compartió una noticia según la cual uno de cada cuatro hombres jóvenes considera que la violencia machista es una invención ideológica.
La cuestión es que el Presidente de RTVE considera como algo que está fuera de la democracia el poder discrepar del concepto de violencia de género. ¿Pero es legítimo que el presidente de una empresa pública sostenida por los impuestos de todos haga estas aseveraciones?
La Ley de Violencia de Género, la LO 1/2004, parte de una visión feminista estructuralista, la cual considera que durante siglos se ha dado una jerarquía social en la que los hombres han detentado el poder —económico, jurídico y cultural— sobre las mujeres. En este contexto, la violencia de género no es solo un acto violento, sino un instrumento de control y dominación.
Desde ese prisma, la ley intenta corregir ese supuesto desequilibrio mediante dos instrumentos: la asimetría penal y las medidas cautelares reforzadas.
Por un lado, la asimetría penal castiga con mayor dureza el mismo delito si es cometido por un hombre respecto a si es cometido por una mujer.
Por otro lado, la ley consagra medidas cautelares durísimas aún sin sentencia condenatoria tales como la promulgación de una orden de alejamiento, la expulsión del domicilio en común o la suspensión del régimen de visitas de los hijos.
El Tribunal Constitucional la refrendó en su sentencia 59/2008, en la que justificaba establecer un tratamiento penal más severo hacia los hombres en atención a la mayor lesividad social del hecho, en este caso el introducir patrones de dominación masculina.
Sin embargo, la ley ha sido criticada por juristas de reconocido prestigio, tales como José Luis Requero, magistrado del Tribunal Supremo, o los catedráticos de Derecho Penal Enrique Gimbernat y María Luisa Cuerda Arnau, considerados todos ellos autoridades en la materia.
En opinión de estos tres expertos, se ha quebrado el principio de igualdad ante la ley al establecer un derecho penal asimétrico, en el que el castigo no depende únicamente de la conducta, sino también del sexo del autor.
Más allá del debate político-legal, creo que lo justo es que hagamos un análisis empírico de los efectos que ha provocado, pues, en mi opinión, las leyes hay que analizarlas a la luz de las consecuencias que han tenido para la sociedad.
Si miramos el número de mujeres asesinadas por sus parejas, el número se ha mantenido prácticamente invariable a lo largo de los años: en 2005 se mataron a 57 mujeres frente a las que 55 fallecieron en 2023 y las 47 que lo hicieron en 2024.
Por otra parte, las medidas preventivas antes mencionadas han tenido unas consecuencias durísimas para la presunción de inocencia de los hombres que el legislador no había previsto.
Según datos del CGPJ, más del 80% de las denuncias se desestiman, archivan o sobreseen por falta de pruebas. Sin embargo, en el 2023 sólo hubo dos condenas por denuncias falsa, el 0,001% del total. ¿Pero cómo puede haber esta diferencia tan grande? Voy a explicarlo con un ejemplo.
Diana López-Pinel, conocida por ser la madre de la infamemente asesinada Diana Quer, presentó al menos 9 denuncias por violencia de género contra su exmarido, Juan Carlos Quer.
Todas ellas fueron desestimadas por falta de pruebas, la hija de ambos salió públicamente en defensa del padre afirmando que su madre "estaba loca" y hasta una examiga de la susodicha, una víctima de violencia de género real, afirmó que mentía y que le hacía un flaco favor a la causa.
A pesar de todo esto, Juan Carlos Quer fue detenido en 2019 en la última denuncia que presentó esa señora, sin tener en cuenta el amplio historial que ya atesoraba su expareja en ese momento. Además, la Fiscalía no inició ningún procedimiento contra ella, aún siendo evidente que todas sus denuncias eran manifiestamente falsas y que sólo con este caso se duplicarían las estadísticas oficiales.
Por tanto, lo que tenemos es una norma que no ha resuelto el problema para el que fue creada —las muertes apenas se han reducido— y que ha dado lugar a un fraude de ley masivo en el que se usan sus medidas cautelares para obtener ventajas en los procesos de divorcio o separación.
El problema es que si haces estas afirmaciones se te considera un peligroso fascista por parte de la izquierda, un apestado que se ha salido de los límites admisibles del debate democrático y que, por tanto, merece ser censurado, cancelado y despojado de sus derechos constitucionales.
La izquierda y el centroderecha pueden seguir tapándose los ojos cuanto quieran ante el problema, pero, al igual que sucede con la inmigración descontrolada e ilegal, estas políticas seguirán dejando víctimas en su ejecución. Y estos damnificados acabarán siendo tan numerosos que llegará un momento en el que se verán obligados a rectificar, como ya han hecho múltiples partidos de izquierdas con la inmigración en la mayor parte de los países europeos.
La cuestión es cuánto sufrimiento infringirán por el camino personas como Juan Pablo López a otros como Juan Carlos Quer al negar no solamente que su problema existe, sino que quienes afirmamos que existe no tenemos ni derecho siquiera a denunciarlo.
Si realmente queremos proteger a las mujeres sin dinamitar los cimientos del Estado de Derecho, más nos vale revisar esta ley antes de que sea el propio sistema el que acabe siendo la víctima. Porque Roma no cayó por los bárbaros, sino por quienes negaron su amenaza hasta que fue demasiado tarde.