La víctima estaba a cargo de la Generalidad de Cataluña. Era una niña de 12 años que residía en un centro pagado por la Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia, la tristemente célebre DGAIA. Entraba y salía a su antojo y durante mayo de 2020 y octubre de 2021 fue violada repetidamente por un pederasta que además la ofreció a otros hombres.
El asunto ha trascendido por la petición de la fiscalía de Barcelona de 107 años de cárcel para el pederasta, un electricista que en el momento de los hechos tenía 40 años, lideraba una especie de banda de violadores y menoreros y ya tenía antecedentes por hechos parecidos en Valencia.
Gran escándalo. Las almas más sensibles se preguntan qué es lo que ha fallado, cómo es posible que una niña de doce años bajo la responsabilidad de la Generalidad fuera captada, violada y vendida por un pederasta. La Generalidad no consta en el caso por una sutileza. La niña no estaba tutelada por la Generalidad sino que la Generalidad tenía la guarda. La tutela seguía en manos de los padres. De ahí que no se le pida ninguna responsabilidad a la administración autonómica. La petición fiscal pide al pederasta una indemnización para su víctima de 100.000 euros.
El caso tiene toda clase de detalles escabrosos y absurdos. Por ejemplo, que al cumplir los 15 años la niña fue autorizada a convivir con un novio de 25 años en el domicilio de este. Tal cual. Todo es tan extremo en este asunto que debería tener consecuencias para la Generalidad aunque no forme parte del sumario.
Resulta inevitable hacerse toda clase de preguntas y muchas de ellas conducen directamente a dos siglas, la DGAIA y ERC, o sea Esquerra, el partido de Junqueras, Rufián y demás seres de luz que sostienen ser la única formación en España sin casos de corrupción en su mochila. Eso dicen, sí. Desde 2016, en pleno proceso separatista, y hasta la constitución del último gobierno de la Generalidad, en manos del PSC, la atención a la infancia en Cataluña fue una exclusiva de ERC, partido que tejió una extraordinaria red de intereses, dinero público y opacidad.
Un informe de la Sindicatura de Cuentas de la propia Generalidad alertaba a mediados del año pasado de las mayúsculas ilegalidades económicas cometidas al amparo de la DGAIA, donde un director general que había sido concejal de ERC en Gerona adjudicaba contratos de forma directa a fundaciones para las que había trabajado y que presidía una exconsejera de Educación de ERC. Todo ello enmarcado en las actividades de una serie de entidades que acaparan los fondos públicos destinados a la atención a los menores a cargo de la Generalidad y cuya excelencia educativa ha quedado demostrada en el caso de la niña de 12 años violada y prostituida.
Los millonarios sobrecostes, la adjudicación de contratos a dedo y las prórrogas ilegales de los mismos eran la marca de la casa durante los gobiernos de los ínclitos posconvergentes Puigdemont y Torra con consejeros de ERC y comisarios de ERC al frente de la atención a la infancia.
En ERC atribuyen los desbarajustes, irregularidades y ñapas contables a la masiva llegada de menores extranjeros no acompañados, un fenómeno supuestamente imprevisto y que habría obligado a la Generalidad a actuar sin ningún rigor administrativo para hacer frente a la emergencia humanitaria. Por esos desagües se evacuaron cientos de millones de euros supuestamente destinados a la atención a los menores desamparados. ¿Atención? La que pusieron los responsables de la niña de 12 años violada y vendida por un pederasta. Esa misma niña a la que con 15 años le dejaron irse a vivir con un novio de 25.
Que a nadie le quepa la más mínima duda de que el PSC de Salvador Illa va a hacer todo lo posible por tapar el escándalo, todos los escándalos, el de la niña y el de la extracción masiva de fondos públicos por parte de las fundaciones de ERC encargadas de los niños y adolescentes desamparados. Illa fue investido con los votos de ERC y el escándalo de la dirección general de la infancia ya era un secreto a voces.