Lacrimosa exhibicionista. Histérica intimidante. De hinojos ante la corrupción socialista. Tres papeles en una farsa. Los interpretó la vicepresidenta Yolanda Díaz en el Congreso de los Diputados tras conocer la muerte de su padre. El presidente Sánchez la felicitó por su actuación. "Muy profesional. Eres la Anna Magnani del bloque de progreso" susurró, mientras la enjugaba una lágrima.
Vámonos al siglo pasado. Diciembre de 1989. Los gallegos acaban de dar su primera mayoría absoluta al PP de Manuel Fraga. Un "servidor del franquismo y ministro de una dictadura criminal" -no les digo quién decía esto para no hacer spoiler-. El Parlamento de Galicia lo elige presidente de la Xunta en enero de 1990. Once consejeros en su primer Gobierno. "Si cumplís, Dios os lo premiará y Galicia os lo agradecerá; si no, os lo demandará", les advirtió.
"No se toleraba la incompetencia", afirma Manuel Pérez, consejero de Trabajo, quien, a los dos meses de su nombramiento, presentó para su aprobación el decreto que regulaba las subvenciones a los sindicatos con implantación en la Comunidad Autónoma. El decreto 260/1990 de 27 de abril lo firmó el presidente Fraga y detallaba dos conceptos de pago: El más cuantioso, destinado al apoyo de su actividad, iba con cargo a la aplicación 09.02.214A.481 de los presupuestos de 1991 (DOG 251, página 10.723). La partida era de 150 millones de pesetas y se repartía en proporción al número de delegados elegidos en las elecciones sindicales de 1990. CCOO obtuvo el 30%. Calculen unos 45 millones de pesetas. Además, la Xunta destinaba una ayuda directa de 3,5 millones de pesetas para formación de cuadros. Los otros sindicatos mayoritarios en Galicia recibían el mismo importe y, de los 150 millones de pesetas, 60 fueron para UGT y 35 para la nacionalista Intersindical.
El desencuentro entre las centrales obreras y el Gobierno de Felipe González se había enquistado tras el éxito de la huelga general del 14 de diciembre de 1988 y el PP de Aznar tendía puentes -discretos- con el secretario general de UGT, Nicolás Redondo. En su discurso de investidura, Fraga llamó a la búsqueda de acuerdos con partidos y sindicatos para mejorar el estado de Galicia. Quiere "unha axeitada cualificación da man de obra e unha baixa conflictividade, que só podería ser consecuencia dunha política de cooperación sindical". El gobierno del PP apoya la actividad de la centrales sindicales y valora la opinión de sus dirigentes. Manuel Pérez, ese primer consejero de Trabajo de la Xunta, en declaraciones a La Voz de Galicia -abril de 2020- recuerda que "Fraga me dijo que era una medida demasiado progresista, pero desde Cáritas y el mundo sindical, personas como Suso Mosquera o Suso Díaz, me echaron una mano, y al final don Manuel estaba orgulloso de la propuesta". Se refiere a la ley 9/1991 por la que se instauró la renta de integración social de Galicia y las denominadas ayudas de emergencia social.
Se preguntarán ustedes por qué les estoy contando estas historias de abuelo cebolleta. Verán… El consejero Manuel Pérez menciona a dos personas: Suso Mosquera y Suso Díaz, que eran, respectivamente, los secretarios generales de UGT y de CCOO. Y sí, ese Díaz era el padre de la vicepresidenta y ministra de Trabajo. Nuestra Yolanda de la España plurinacional. A finales de 1989 el Consejo Nacional de CCOO de Galicia le nombró secretario general del sindicato, cargo que ocupó durante 10 años.
Suso Díaz (que en paz descanse), militante del PCE como lo eran todos los dirigentes de Comisiones en esos años, es un buen ejemplo de la involución de la izquierda española. Ese sindicalista que durante diez años negoció con la Xunta que presidia Fraga, que recibió cuantiosas subvenciones y participó en la elaboración de leyes sociales, descubrió un buen día que su interlocutor había sido un "servidor del franquismo y ministro de una dictadura criminal". Partícipe y cómplice de "graves violaciones de los derechos humanos …, y asesinatos de trabajadores". Sucedió de repente y pilló a su hija lejos de la casa familiar. Era diputada podemita en Madrid y se llevó una gran alegría, consciente de la importancia histórica del momento. "Yolanda se emocionó como solo ella sabe hacerlo -recuerda una persona que la trató en esos años- y en un gesto muy suyo, sacó del bolso sus tenacillas y se arregló los bucles".
Parece que el dirigente de CCOO no tuvo valor para decírselo a la cara y lo hizo cuando Manuel Fraga llevaba siete años muerto. En enero de 2019 firmó, junto a una treintena de afectados, un manifiesto (Non queremos ao 'camarada Fraga' como fillo adoptivo) en el que exigían que se borrase su nombre: "Fraga no merece reconocimiento social". Tuvieron el desparpajo de afirmar que el manifiesto nacía "de una actitud valiente". El Suso Díaz, militante comunista de la "reconciliación nacional", buscaba un ajuste de cuentas. Todo hace pensar que lo suyo -como lo de otros muchos- fue consecuencia de un deseo de revancha que la izquierda había reprimido durante años. En 1977, Marcelino Camacho, camarada y jefe de Suso, intervenía en el Congreso de los Diputados. Se preguntaba "¿Cómo podríamos reconciliarnos los que nos habíamos estado matando los unos a los otros, si no borrábamos ese pasado de una vez para siempre?" Cuarenta años después, socialistas y comunistas respondían removiendo el pasado con leyes de memoria guerracivilistas. Del consenso constitucional a la división social y el histórico -por mayor- sindicalista gallego se apuntó.
La hija de Suso levantó muros y agitó a los suyos contra los otros. Hoy, los publicistas de la Coalición Negativa copian a Rosa Luxemburgo y acuñan un engañabobos: o socialismo corrupto o barbarie de las derechas y una desquiciante Yolanda Díaz se desgañita desde la tribuna del Congreso: "Subo aquí señor Feijóo en nombre de mi padre porque no querría jamás que gobernaran las derechas en nuestro país". Dicho lo cual se cambió el traje blanco de las grandes ocasiones por uno negro de Zara y salió de escena.