No hay ninguna explicación lógica que aconseje contratar la custodia de información oficial altamente sensible con una empresa vinculada a una de las dictaduras más peligrosas y longevas del mundo. Sánchez lo ha hecho al adjudicar a la multinacional china Huawei seguridad de las investigaciones judiciales que llevan a cabo nuestros tribunales de justicia, una decisión que ha disparado todas las alarmas en la Unión Europea.
Pero no solo Bruselas está escandalizada con la decisión de Sánchez, que pone en manos de la dictadura china un volumen ingente de información confidencial, sino también los EEUU, cuyos responsables de inteligencia y exterior han advertido al Gabinete de Trump para que no comparta información comprometida con España, ante el riesgo (casi una certeza), de que irá a parar al Partido Comunista Chino, con todo eso lleva consigo.
Nadie en el Gobierno español ha dado una explicación convincente de por qué se ha contratado con esta empresa china la seguridad de la información que manejan nuestros tribunales. La presencia de Zapatero como el muñidor de la operación es otro factor de riesgo por sus vínculos estrechos con las dictaduras caribeñas, lo que le ha convertido por derecho propio en un apestado en la escena internacional. Sus cabildeos con China acrecientan el riesgo de fugas de información sensible en beneficio del gigante asiático, cada vez más involucrado en la desestabilización de las democracias occidentales a través de sus vínculos con Irán y Rusia, como es sobradamente conocido.
Sánchez ha estado tres veces en China en visita oficial como presidente del Gobierno, un trato preferencial que apenas tiene retornos políticos y económicos salvo para los cabilderos habituales del PSOE, que han convertido a España en su cortijo para hacer negocios a la sombra del peor presidente de nuestra historia democrática. Pero el acuerdo con Huawei no solo pone en almoneda la seguridad de las investigaciones judiciales de nuestro país, algunas bien sensibles como hemos visto en los últimos meses, sino también la de toda la Unión Europea por cuanto España es uno de sus principales miembros, cuyas fuerzas de seguridad comparten información de todo tipo con otros cuerpos policiales de manera habitual.
El ministerio de Interior insiste en que el acuerdo con Huawei no compromete la seguridad de los datos sensibles que manejan nuestros tribunales, pero esa afirmación carece de credibilidad. El mero hecho de que una empresa vinculada al Partido Comunista de China custodie información sensible de España es algo que debería escandalizar a cualquier gobernante, salvo que se llame Pedro Sánchez y esté enfeudado a un oscuro personaje como ZP, cuyos tratos con las peores dictaduras del planeta saldrán, más pronto que tarde, a la luz.