El mismo Gobierno que amenaza a las comunidades autónomas del PP con recurrir a las Fuerzas de Seguridad del Estado para forzarlas a que acepten el reparto de menores inmigrantes no acompañados es el que se pliega a las exigencias de los partidos golpistas, sus aliados, para dejar fuera de ese reparto a Cataluña y el País Vasco.
La maniobra del Ejecutivo no puede ser más obscena y repulsiva. En primer lugar, trata a esos menores como paquetes que hay que trasladar de las Canarias a la Península con el único criterio de que las comunidades catalana y vasca deben quedar fuera del reparto porque, supuestamente, ya acogieron a menores en el pasado y habrían cubierto su cuota de solidaridad. Cómo si el resto de las regiones se hubieran librado de las nefastas consecuencias de la política migratoria del sanchismo y hubieran eludido el acogimiento de estas personas.
En segundo lugar, el Gobierno maltrata a las comunidades gobernadas por el PP e incluso a las del PSOE, como es el caso de Castilla-La Mancha, se niega a negociar alternativas y llega al extremo de amenazarlas con recurrir a las Fuerzas de Seguridad en lo que parece la antesala de la intervención a través del artículo 155 de la Constitución. Lo que es incapaz de hacer este Gobierno en el País Vasco o Cataluña, donde se mantienen las tensiones golpistas gracias al gobierno de Salvador Illa, es utilizado en contra de regiones que se han distinguido por el cumplimiento de la Constitución y por su lealtad al Estado.
La crisis de los llamados menas es consecuencia directa de unas políticas del Gobierno que redundan en el efecto llamada, de una pavorosa falta de medios para controlar las fronteras, de una diplomacia que favorece la inmigración de personas sin ninguna cualificación y de unos servicios de acogida saturados y que funcionan gracias al sacrificio y profesionalidad de sus trabajadores y a pesar de las autoridades.
Los relatos buenistas de la izquierda sobre el enriquecimiento cultural y el sostenimiento de las pensiones y la improvisación como método por parte del Gobierno han conducido a una situación contra la que las comunidades autónomas han recurrido al Tribunal Constitucional y al Supremo.
Las administraciones regionales no tienen por qué asumir la ineptitud del Gobierno y menos a través de un ordeno y mando ejecutado por incompetentes de la talla de Ángel Víctor Torres, el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática y autor de la amenaza de recurrir a las Fuerzas de Seguridad del Estado. La cogobernanza de la que tanto presume el Ejecutivo en sus relaciones con las autonomías no tiene nada que ver con la imposición pura y dura y la negativa a negociar.