Vaya por delante una declaración personal: acaban de robar en nuestro domicilio habitual. Dos individuos han forzado los barrotes de una ventana, han entrado en nuestra casa de madrugada y la han desvalijado tras ponerla patas arriba. Creo que es una suerte que en ese momento no nos encontráramos en la vivienda. Nadie sabe cómo van a reaccionar los malhechores ni cómo vamos a comportarnos nosotros mismos. No tenemos armas, como casi ningún español, pero los agresores tal vez sí. El resultado puede ser, o no, una tragedia.
Naturalmente, nuestro caso no es único, ni siquiera relevante porque no tenemos demasiados bienes de importancia económica. Lo relevante en estos casos, supongo y siempre que se trate de gente sin fortuna, es la herida que se inflige a la memoria personal, a la biografía, a los recuerdos personales, a los objetos que nos recuerdan de qué familias procedemos y de cuáles formamos parte.
En una España que ha sufrido casi mil atentados asesinos con resultados de muerte y muchos más con un saldo de heridos muy superior, es casi una circunstancia favorable el que la agresión se limite a revolver los enseres y robar los más valiosos. Es un atentado, sí, pero nada comparable a esos otros de los que, por cierto, aún quedan por esclarecer más del 40 por ciento. La asociación Dignidad y Justicia calcula que 377 asesinatos están aún por esclarecer, incluyendo aquellos antes de la amnistía de 1977, lo que representa un 44 % del total.
Pero el hecho de que nuestro casos y los miles de robos que se perpetran en España cada año sean de menores consecuencias que los asesinatos, no quiere decir que no sean relevantes, no sólo para las víctimas, sino que lo es para una sociedad que se dice democrática, esto es, respetuosa y defensora de los derechos individuales de los ciudadanos. Es más, poco a poco forjan una conciencia acerca de la bondad o no de la democracia como sistema de organización política.
Los robos con fuerza en domicilios ascendían a 250 diarios en España en 2022 y no he encontrado datos posteriores. Según las empresas de seguridad, en promedio, se produjeron 236 al día, de un total de 86.308 registrados en 2022. Son cerca de 100.000 familias las afectadas por tales agresiones a su residencia familiar y, como es sabido, estos robos aumentan en verano. Cataluña, Valencia, Andalucía y Madrid son las más afectadas por estos robos representando en conjunto el 66 por ciento del total de los asaltos.
Pero lo de las estadísticas es un galimatías que no dejan ver la realidad. Fíjense en que las estadísticas oficiales de 2024 distinguen entre robo con violencia e intimidación, robos con fuerza en domicilios, establecimientos y otros instalaciones, hurtos y sustracción de vehículos. Si se suman todos los incidentes resulta que ha habido 908.360 delitos contra la propiedad, pero los robos con fuerza sólo significaron 114.978.
Según el Ministerio, cada año disminuye la criminalidad, algo que parece ya habitual, gobierne quien gobierne. Un buen guiso de datos, aliñados o torturados adecuadamente, terminan siendo un plato políticamente presentable. Pero la sensación que crece en los ciudadanos parece ser la contraria. Cada vez más mafias, sin incluir las políticas, cada vez más daños, cada vez menos esperanzas, cada vez más pesimismo.
Por último, tengo que añadir que, en nuestro caso, el robo con fuerza ha tenido lugar cuando todas las alarmas de seguridad de una empresa de gran publicidad, cuyo nombre omito porque no quiero perjudicarla a la espera de que se nos haga justicia, estaban conectadas y en funcionamiento. A pesar de ello, la intrusión fue posible.
Inexplicablemente, todas las cámaras instaladas en el interior de la vivienda no han captado ni una sola imagen de los ladrones. La pregunta es inevitable: Empresas de seguridad, ¿para qué? La misma pregunta se hacen miembros de las Fuerzas y Cuerpos de la Seguridad del Estado y amigos detectives con los que he consultado.
La situación en que ha quedado la familia es penosa. Nuestra intimidad ha sido violada, nuestra dignidad ha sido pisoteada, nuestra memoria familiar ha sido ultrajada y nuestro derecho ciudadano a la propiedad ha sido atropellado. Es el tercer caso de robo en nuestra familia desde hace tres años. La impresión, por subjetiva que sea, es de descontrol. De descubrir a los culpables o de recuperar lo robado, esperanza cero.
Lo único de que estamos seguros es de que el miedo, antes cierto pero lejano, se ha hecho carne en nosotros. Muchos dirán que estoy nervioso. Lo estoy, pero no enceguecido. Algo no funciona cuando la Ley te desampara y no sólo no reprime, sino que incluso facilita la delincuencia. Y sí, coincido con muchos. Lo que aún funciona en España es la Guardia Civil y, en este caso, la Policía Local, que se presentaron en nuestra casa a los pocos minutos de haber recibido el aviso.
Agradecidos quedamos, aunque conocemos sus limitaciones y las dificultades que encuentran para defender a los ciudadanos en un marco legal y judicial que parece garantizar más la integridad y la impunidad de los delincuentes que los derechos y la libertad de los ciudadanos. Y luego queda el trauma, las secuelas psicológicas. En fin. Millones de españoles lo han sufrido. Pueden soportarse muchas cosas, pero nunca el desorden público que amenaza la vida y los bienes privados. Tómese nota.