La infame condonación de la Deuda Autonómica

La referencia que la web oficial de La Moncloa dedica al Consejo de Ministros de ayer, 2 de septiembre, da cuenta de la aprobación, en primera vuelta, del "Anteproyecto de Ley de Medidas Excepcionales de Sostenibilidad Financiera para las Comunidades Autónomas de Régimen Común", añadiendo que "esta norma permitirá al Estado asumir 83.252 millones de euros de deuda de las Comunidades Autónomas, lo que beneficiará a todos los territorios al reducir su pasivo, liberará unos 6.700 millones de euros del pago de intereses que podrán destinar a reforzar el Estado del Bienestar y les permitirá ganar autonomía financiera al facilitar su salida a los mercados".

Conviene recordar que el Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) es una línea de crédito creada por el Gobierno español en julio de 2012 en el contexto de la crisis económica, concebida para que el Estado preste dinero a las comunidades autónomas y que éstas no tengan que financiar su deuda en los mercados. Está dirigido por el ICO (Instituto del Crédito Oficial), competencia del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital. Resulta indispensable que las comunidades que recurren al Fondo destinen el dinero a pagar la deuda con los bancos o entidades financieras principalmente.

Dado que consideramos que se trata de una iniciativa infame (la RAE nos dice que es algo "que carece de honra, crédito y estimación"), por falsa y por asimétrica, que, de ver la luz, dañará gravemente el Estado de Derecho diseñado en nuestra Constitución de 1978, procedemos a justificarla.

Decimos, primero, que es una iniciativa infame por falsa ya que, desde el Derecho Romano, no hay en este caso condonación por extinción de la deuda asumida, sino una mera modificación por subrogación del deudor que, en el futuro, será el Reino de España, quien mantendrá sus obligaciones de amortización de esa ingente Deuda Autonómica con los acreedores financieros, nacionales y extranjeros. Es un insulto a la inteligencia hablar de la desaparición de una deuda sin su pago y sin el consentimiento de su acreedor. Es evidente que los acreedores financieros reclamarán el pago de esa Deuda Autonómica en el futuro el Reino de España que verá lastrado el porvenir de generaciones venideras por esa descomunal carga financiera.

En segundo lugar, decimos que es una iniciativa infame por asimétrica dado que el diferente trato a las Comunidades para cumplir los "compromisos parlamentarios" aludidos implica un tratamiento xenófobo de unos ciudadanos españoles a favor de otros por razón del territorio que habitan.

Por último, concluimos diciendo que esta iniciativa dañará gravemente el Estado de Derecho diseñado en nuestra Constitución de 1978 porque impacta directamente en su columna vertebral que dice, en su artículo 2 que "la Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas". Y añade, en su artículo 14, que "los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social". Nunca esta de más recordar la esencia de nuestra convivencia.

Alberto J. Tapia Hermida es Catedrático de Derecho Mercantil en la UCM.