La mayoría de las familias cuyos hijos van a retornar de nuevo a las aulas a partir de esta semana acaso no sepan que uno de cada tres escolares no puede seguir una clase normal, impartida por un profesor normal y desarrollada en un contexto docente de apariencia normal; uno de cada tres, sí. Dicho de otro modo: el 33% de los niños y adolescentes que, en el curso 2025-2026, acudirán cada día a las aulas para cursar los contenidos académicos correspondientes a su edad, ya se trate de la ESO, del Bachillerato o de los ciclos formativos, arrastran muy severas limitaciones personales que les impiden asimilar siquiera los contenidos mínimos de las materias que se les van a impartir.
Por lo demás, la fuente de esta información definitivamente desoladora posee cierta credibilidad, toda vez que se trata de la mismísima Consejería de Educación de la Generalitat de Cataluña. Y puesto que no hay ningún motivo para suponer que los alumnos de Cataluña presenten diferencias cognitivas relevantes en comparación con los del resto de España, parece legítimo extrapolar esa proporción, la del tercio de casos perdidos, al conjunto del país. Un tercio, ese, que no remite a un simple dato estadístico. Porque lo que constituye ese tercio de desahuciados es un genuino drama nacional.
Y es que si uno de cada tres alumnos no podrá seguir una simple clase de cincuenta minutos, los otros dos que se sienten a su lado tampoco van a poder; en su caso, no ya por falta de capacidad sino porque las mínimas condiciones para que se desarrolle con normalidad la sesión – como sabe cualquiera que haya sido profesor alguna vez – no se van a dar. En Cataluña, como en otras demarcaciones, el promedio es que cada diez días se incorpora a los centros un alumno que acaba de llegar de otro continente, no habla ni entiende el español y que, en el mejor de los casos, fue escolarizado de modo muy incompleto en su lugar de origen. Y no hay sistema educativo que aguante eso sin desmoronarse. Simplemente, no lo hay.