Imponer el catalán a empresas de toda España y completar la amnistía

Está visto que el golpista de Puigdemont no se cansa de exprimir al felón gobierno de España: Este martes, Junts ha logrado que la Ley de Atención al Cliente obligue a responder en catalán a cualquier empresa española con más de 25 con más de 250 empleados o que facture 50 millones. Así, bancos, aseguradoras, suministradoras de energía, de telefonía y de transporte, entre muchos otras, deberán incorporar en sus plantillas a personal que hable y escriba catalán.

Ni que decir tiene que esta medida liberticida y empobrecedora, además de clamorosamente inconstitucional, ha provocado el unánime rechazo de las organizaciones empresariales que la califican acertadamente de atentado a la libertad empresarial y un innecesario encarecimiento de costes, más aún si se extiende la obligación de contestar también en otras lenguas regionales como el gallego o el euskera. Pero, sobre todo, es una burla a la Constitución y, lo que es aún peor, a la realidad de que España no es una yuxtaposición de naciones con lenguas distintas sino una nación con una única lengua oficial y común -el castellano- por ser la única que todos los españoles hablan y entienden además de ser la lengua materna de la inmensa mayoría de los españoles, incluidos vascos y catalanes.

A este respecto, resulta muy decepcionante, aun salvando las distancias, que el alcalde del PP de Badalona, Xabier Garcia Albiol, se haya brindado a hacer de tonto útil al servicio de los nacionalistas con una moción de apoyo al "Pacte Nacional per la Llengua", un conjunto de medidas impulsadas por el gobierno de la Generalidad al dictado de los partidos separatistas y de extrema izquierda y organizaciones como Òmnium, la ANC y Plataforma per la Llengua para cercenar todavía más la libertad lingüística en esa parte de España.

Es lamentable que aun haya gente en el Partido Popular -en Cataluña, pero también en la Comunidad Valenciana, en Galicia y, aun en menor medida, en el País Vasco- que ignoren que los territorios no tienen lenguas propias y que lo único que hay que "promocionar" es la libertad lingüística de los ciudadanos; una libertad que no tienen los catalanes a la hora de elegir lengua de enseñanza para sus hijos y que ese Pacto nacionalista, más que nacional, viene a cercenar en muchos otros ámbitos con la manida y engañosa excusa de la promoción del catalán.

Ni que decir tiene que si en España hubiese un Tribunal de Garantías Constitucionales digno de tal nombre no prosperarían tamañas violaciones al artículo 3 de la Constitución como las que conllevan tanto las imposiciones lingüísticas a empresas de toda España como el "Pacte Nacional per la Llengua". Sin embargo, el Tribunal Constitucional que preside Cándido Pumpido no deja de ser una correa de transmisión del Gobierno de Pedro Sánchez y de las exigencias que le plantean sus aliados separatistas de legislatura. Y es que a lo que está en estos momentos Conde Pumpido es en acelerar la tramitación de la amnistía de la malversación por el golpe del 1-O tras el encuentro mantenido hace dos semanas en Bruselas por el presidente catalán Salvador Illa y el expresidente catalán fugado Carles Puigdemont.

Lo más bochornoso es que ni siquiera con estas concesiones tiene Pedro Sánchez del todo garantizado el apoyo de los separatistas a sus Presupuestos. Pero si Sánchez no tiene límites para humillarse y para humillar a toda España ante los separatistas es porque tampoco tiene limites a la hora de querer perpetuarse en la poltrona al coste que sea.