La corrupción que no tapa un falso genocidio

Una cosa es que el presidente de Galicia, Alfonso Rueda, se haya sumado, más como tonto útil que como antisemita, a la campaña de Pedro Sánchez que trata de "genocida" la guerra que está librando Israel contra la organización terrorista Hamás; y otra cosa muy distinta, que semejante campaña de difamación contra el Estado judío esté sirviendo plenamente para distraer la atención sobre los gravísimos casos de corrupción que afectan al entorno político y familiar más cercano del presidente del gobierno.

Si el martes, era el hermano del presidente, David Sánchez, a quien la Audiencia de Badajoz decidía sentar en el banquillo por los delitos de prevaricación y tráfico de influencias junto al secretario general del PSOE de Extremadura Miguel Ángel Gallardo y al ex asesor de La Moncloa Luis Carrero, este miércoles es la esposa de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, su asistente en Moncloa Cristina Álvarez y el delegado del Gobierno en Madrid Francisco Martín quienes van camino de sentarse por orden del Juez Peinado en el banquillo de los acusados ante un jurado popular por un delito de malversación de caudales públicos.

Ni que decir tiene que la reacción del Gobierno ha sido la habitual y la misma que le viene criticando desde hace mucho tiempo la Unión Europea: Criticar a los jueces hasta el extremo de la difamación. Así el ministro de Justicia, Felix Bolaños ha denigrado al juez al asegurar que "un tribunal imparcial pondrá las cosas en su sitio", mientras que la ministra portavoz Pilar Alegría ha calificado el auto de "surrealista, se califica por sí solo". La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, por su parte, se ha burlado de Peinado al asegurar que "puede llamar a los de la calle Ferraz para que vayan al jurado popular", en referencia a las manifestaciones que de forma habitual se convocan frente a la sede del PSOE en Madrid.

Ya es vergonzoso que el gobierno siga acusando de "lawfare" a los jueces cuando dictan autos o sentencias que no le favorecen, cosa que empezaron a hacer las formaciones golpistas que auparon a Sánchez al gobierno. Pero que sigan haciéndolo cuando va a ser un jurado popular el que se pronuncie sobre la inocencia o culpabilidad de los acusados, constituye el colmo -este, sí- del surrealismo. ¿No sabe la ministra de vivienda que el jurado popular fue reintroducido en la legislación española por el PSOE en 1995? ¿Y no sabe que está compuesto por nueve ciudadanos elegidos por sorteo? ¿Les va a acusar también el ministro de Justicia de falta de imparcialidad si no se pronuncian en favor de la esposa del presidente del gobierno?

El Juez Peinado no ha vulnerado en ningún momento la presunción de inocencia de la esposa del presidente ni de ninguno de los acusados, pero no puede sustraerse a la multitud de correos intervenidos a la asesora de Begoña Gómez que delatan que atendía a actividades profesionales privadas de la esposa del presidente, principalmente relacionadas con su cátedra en la Universidad Complutense y muy especialmente aquel en el que pedía a Reale Seguros que siguiera financiando esta catedra extraordinaria de "Transformación Social Competitiva". Pero, sobre todo, de lo que no puede sustraerse el juez Peinado, tal y como ha venido a decir en su auto, es de las propias "declaraciones" de la esposa del presidente en las que apenas declaró nada y se negó a contestar a nada que no fueran unas pocas preguntas de su propio abogado y en las que, pese a ello, incurrió en clamorosas contradicciones.

Demasiados indicios como para no sentarla en el banquillo con absoluta independencia de cual sea en el futuro el veredicto del jurado popular.