El encuentro del líder del Partido Popular con los mandatarios regionales de su partido este pasado fin de semana ha dado lugar a un documento, la Declaración de la Región de Murcia, que imprime un giro importante en la estrategia del PP de cara a las próximas elecciones.
El documento establece una serie de principios relativos a infraestructuras o igualdad, pero es en la política migratoria donde el acuerdo suscrito por Feijóo y sus barones adquiere una especial relevancia, tanto por la gravedad del problema de la inmigración ilegal como por la manera en que el PP pretende abordarlo en los próximos años.
La llegada incesante de ilegales a nuestro país y el aumento del clima de inseguridad ciudadana que la inmigración descontrolada provoca en los barrios más desfavorecidos de nuestros pueblos y ciudades es un problema que no puede resolverse negando la realidad. Alberto Núñez Feijóo ha afrontado esta cuestión, ciertamente espinosa, estableciendo con sus barones un programa claro de respuesta a un fenómeno que ya está sacudiendo a las sociedades europeas con indudables consecuencias económicas, políticas y sociales.
El documento suscrito por los dirigentes territoriales del Partido Popular, a instancias de Feijóo, recoge medidas de puro sentido común para evitar que los delincuentes de otros países campen a sus anchas por nuestras calles sin que el Estado responda con la firmeza que esperan los ciudadanos, especialmente los que sufren directamente este creciente clima de inseguridad. A este respecto, resulta de especial interés el planteamiento de Feijóo sobre las ayudas sociales, englobadas en el llamado Ingreso Mínimo Vital, cuya gestión descontrolada provoca un indudable efecto llamada. Se trata, según ha aprobado el PP, de limitar los beneficios de esa ayuda, que ahora se distribuye de manera prácticamente indiscriminada, a aquellas personas que cuenten con permiso de residencia y estén dispuestas a contribuir a la sociedad que las acoge. Porque, en contra de lo que presumen los socialistas, el IMV no puede convertirse en una renta permanente para personas ociosas, inmigrantes o no, sino que debe ser, únicamente, una ayuda temporal facilitada por el Estado para superar una situación sobrevenida.
Los populares se han comprometido también a poner en marcha un "visado por puntos", con el fin de incentivar la inmigración legal, procedente de países que comparten nuestra cultura que llega para trabajar en sectores especialmente necesitados de mano de obra. Además, Feijóo promete "Tolerancia cero con el delito", de manera que "los delitos graves implicarán que se pierda el derecho a la permanencia en España". El presidente del PP resumió esta nueva política de inmigración con una frase suficientemente descriptiva: "Quienes no cumplan las leyes, se irán".
Alberto Núñez Feijóo ha entendido finalmente que el endurecimiento de la acción del Estado contra la inmigración ilegal no es xenofobia ni racismo; es un clamor de la mayor parte de la sociedad española, incluidos los inmigrantes que viven y trabajan legalmente en nuestro país, los grandes perjudicados por el descontrol migratorio impuesto intencionadamente desde un Gobierno que, como resumió perfectamente Feijóo, se limita a "molestar lo mínimo a sus socios separatistas y tratar a los inmigrantes como moneda de cambio de su permanencia".