Este martes, la paladina mediática de la izquierda española interpuso una demanda contra Radiotelevisión Española (RTVE) por la drástica reducción de salario que ha supuesto darle de alta como asalariada en la Seguridad Social.
Todo empezó en marzo de este año con una denuncia anónima presentada ante la Inspección de Trabajo. En ella, se especificaba que Intxaurrondo estaba prestando sus servicios a la televisión pública mediante un contrato mercantil con una sociedad de su propiedad, Sukún Comunicación S.L., en la que el administrador es su marido. Dichos hechos son calcados a los vividos en 2019 en Telemadrid, en donde Inspección de Trabajo también obligó a deshacer el contrato mercantil que la cadena autonómica tenía con otra empresa propiedad de la presentadora vasca y a contratarla directamente.
Sorprendentemente, la televisión pública nacional ha repetido esta práctica a sabiendas de que era ilegal, y durante más de dos años ha tenido a Intxaurrondo en nómina mediante una sociedad interpuesta. Para más inri, esta compañía dio pérdidas en el ejercicio de 2024 a pesar de facturar más de 240.000€, hechos que puse en conocimiento de la Agencia Tributaria en agosto por si podían ser constitutivos de una infracción fiscal.
De igual forma, también el 13 de agosto realicé una solicitud en el Portal de Transparencia para que RTVE aclarase quién había tomado la decisión de contratar a esta señora mediante esta modalidad. ¿El motivo? Si quien lo hizo sabía que era ilegal, podría tratarse de una presunta prevaricación administrativa. Lo curioso es que primero RTVE se acogió a la Ley de Transparencia y amplío un mes más el plazo para contestar "por la complejidad de la información solicitada", y justamente ayer respondieron –fuera de plazo– con un enlace a la web del Congreso en donde daban respuesta a Vox diciendo que han dado de alta a Intxaurrondo en la Seguridad Social, lo cual no contesta en absoluto a las cuestiones que les había planteado.
Es increíble que nuestra televisión pública crea que está por encima de la ley y que puede insultar de esta manera a nuestra inteligencia, por lo que interpondré una reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno –institución que suele darle la razón a la ciudadanía en estos temas– porque tenemos el derecho de saber quién dio la orden de pagarle tan generosos honorarios a la susodicha de una forma irregular.
En otro orden de cosas, me llama poderosamente la atención que Intxaurrondo haya tenido el descaro de denunciar a su propia empresa. En mi opinión, fue contratada a través de una sociedad para, por un lado, pagar menos impuestos y cotizaciones sociales y, por otro, eludir los topes salariales de RTVE y cobrar por encima de su convenio. Más adelante, fue descubierta por la Inspección de Trabajo y, aún así, lejos de pedir disculpas, tiene la desvergüenza de denunciar a RTVE exigiendo las mismas condiciones salariales que tenía en el pasado.
Lo mejor de todo es que luego esta señora nos da lecciones todas las mañanas sobre la importancia de lo público y de pagar impuestos, cuando ella acepta ser contratada con dinero público de una forma irregular a sabiendas –ya que tenía su propia experiencia previa en Telemadrid– para obtener unos beneficios que nunca debió tener y que ahora pretende conservar.
El trasfondo de estos hechos es lo que siempre observamos en la izquierda: el Gran Wyoming y Broncano hacen encendidas intervenciones sobre la vivienda, pero ellos bien que atesoran millones de euros en bienes inmuebles con los que hacen negocio. Penélope Cruz y Javier Bardem nos dan la turra con el cambio climático, pero ellos bien que anuncian cruceros y aerolíneas de lujo mientras se dan paseos en jets privados. Pablo Iglesias e Irene Montero arremeten contra los empresarios cada vez que pueden, pero ellos bien que utilizaron la reforma laboral de Rajoy cuando tuvieron que hacer un ERE con los trabajadores de Podemos.
Los mal llamados progresistas se creen seres de luz, por encima del bien y del mal. A los demás nos exigen sacrificios, mientras que a ellos no se les pueden aplicar las mismas normas. Por eso a Intxaurrondo le indigna que la traten como a cualquier trabajador y le apliquen el mismo convenio: su denuncia no es sólo una reclamación laboral, sino la metáfora perfecta de una izquierda que predica la igualdad, pero sólo cuando esta no le alcance.