Ángel Víctor Torres está feliz y anda por ahí presumiendo de que en el informe de la UCO no aparecen pisos con señoritas, mordidas o refinerías. Sí, en este país hemos llegado al punto de que si en un informe de la UCO no hay putas nos parece de lo más aburrido.
El ministro asegura que, tras una investigación de años, la UCO le exculpa completamente y está limpio de polvo y paja. Ambas cosas son mentira: para empezar porque por ahora no se le ha investigado más allá de sus apariciones –bastante estelares, por cierto– en las comunicaciones de un par de señores que están a punto de ser juzgados por delitos muy graves.
Y para seguir porque la UCO ni inculpa ni exculpa: recopila información y, como mucho, alerta someramente sobre el significado que puede tener en el contexto de una indicación, sus informes no son un certificado de limpieza. Decir que el informe que ha aparecido esta semana te exculpa es tan correcto desde el punto de vista jurídico como si lo dijera, qué se yo, Jack el Destripador.
Por otra parte, hay que ver lo que sí dice el informe, que es bastante escalofriante aunque no haya mujeres de vida alegre ni, oh qué sorpresa, nadie pidiese mordidas en un audio de WhatsApp. Lo principal: que el entonces presidente de Canarias tenía trato frecuente y notoria amistad con uno de los hombres clave de una trama que, según el Tribunal Supremo, tiene toda la pinta de ser una organización criminal; que no sólo compartía con este presunto delincuente chanzas y comentarios, sino que, actuando como un responsable público tan importante como el presidente de una autonomía, se esforzó sobremanera ya no en que la trama presuntamente corrupta cobrase, sino en vencer la resistencia de numerosos funcionarios públicos que señalaban los problemas del material suministrado; que concedió a la empresa en cuestión un trato privilegiado que estoy seguro que no daba a otras compañías: ni el que asó la manteca se cree que todo un presidente de Canarias perdiese el culo para cada factura de cinco millones que tenía que pagar la administración autonómica, como sí hizo con la presentada por Soluciones de Gestión; que ha mentido a la opinión pública y que mintió en el Senado sobre sus relaciones con, recordemos, una –por ahora presunta– organización criminal.
El 7 de noviembre el primer ministro portugués Antonio Costa presentó su dimisión por un escándalo de corrupción que en principio no le afectaba directamente, pero sí a su jefe de Gabinete, que fue detenido, y al ministro de Infraestructura, que fue acusado.
Costa, que un año después todavía no ha sido formalmente acusado de nada, dimitió porque "la dignidad de las tareas de un primer ministro no son compatibles con ninguna sospecha sobre la integridad, el buen comportamiento y menos aún con cualquier tipo de acto delictivo". Recalco estas palabras, que al otro lado de la frontera nos suenan a política-ficción: "No son compatibles con ninguna sospecha".
Como todos ustedes sabrán, Costa es miembro del Partido Socialista, igual que Torres, pero era primer ministro de una democracia occidental, mientras que Ángel Víctor, por desgracia, sólo es ministro de una democracia bananera. Y soy generoso con lo de democracia.