¿Sentenciará el Constitucional al Supremo?

El Tribunal Supremo acaba de inhabilitar de modo firme e inapelable al Fiscal General. Bien, ¿y ahora qué? En teoría, ahora nada. Y por nada procedería entender que el inhabilitado abandona su despacho tras retirar las pertenencias personales del mismo; el poder Ejecutivo pone en marcha el protocolo previsto en las normas legales a fin de proponer el nombramiento del sucesor o sucesora; y que, tras superar los exámenes de rigor por parte de otras instituciones del Estado, trámites igualmente previstos en las normas jurídicas, la persona designada como nueva responsable máxima de la Fiscalía iniciaría su desempeño profesional en el cargo. Pero eso solo es en teoría.

Porque lo que ahora va a ocurrir no será eso con casi total seguridad. El primer y muy significativo indicio de que no asistiremos a una transición normal nos lo acaba de ofrecer la apresurada reacción del Gobierno, apenas minutos después de trascender el fallo. Así, ni siquiera conocer el contenido completo de una sentencia que aún no ha sido redactada, el poder Ejecutivo se ha adelantado a hacer público que la acata (no hacerlo hubiese equivalido en la práctica dar un golpe de Estado), si bien no la comparte. Pero, ¿qué significa en rigor el hecho de que el Gobierno de España afirme públicamente no compartir una sentencia emitida por el Tribunal Supremo de España?

En buena lógica, esa objeción del Ejecutivo solo puede significar una cosa, a saber: que uno de los tres poderes del Estado considera que otro de ellos está prevaricando. Porque no cabe ninguna otra justificación legítima a ese no compartir. Por tanto, si el Gobierno quiere ser políticamente coherente con su propio repudio de la sentencia, solo va a poder transitar un camino, el único que a partir de ahora le queda abierto. Y esa única vía es la que, con la necesaria colaboración del cesante, conduce a la presentación de un recurso de amparo ante el Constitucional. Puede, sí, que apenas estemos ante la primera escaramuza con víctimas de una guerra de trincheras entre el Supremo y el Constitucional.