El Tribunal Supremo ha hecho lo que, durante meses, Pedro Sánchez, su gobierno y su equipo de opinión sincronizada negaran que pudiese llegar a suceder: condenar al Álvaro García Ortiz, Fiscal General del Estado, por un delito de revelación de secretos.
Después de meses de manipulación, la montaña de bulos que han esparcido es tal que considero que la mejor aportación que podía hacer esta semana es dejarle al lector un compendio de ellos con sus respectivas refutaciones para que ustedes puedan, desde su sentido crítico, no dejarse arrastrar por la ola del discurso oficial.
En primer lugar, nos dicen que no hay pruebas para sustentar la acusación en contra del Fiscal General. Lo cierto es que son hechos probados que el 13 de marzo, Pilar Rodríguez, fiscal provincial de Madrid y subalterna de García Ortiz, sacó del fútbol al Julián Salto —el fiscal con el que la defensa de Ayuso se intercambió los correos—, para que le compartiera a su correo personal los mensajes que había intercambiado con los abogados de González Amador.
Una vez el Fiscal General cuenta con los correos, es sólo cuando empiezan a filtrarse a la prensa y aparecen las primeras informaciones en la Cadena Ser. Al día siguiente, el Fiscal General presiona para que salga la célebre nota de prensa que incluye información literal de esos correos y, cuando la Fiscal General de la Comunidad de Madrid, Almudena Lastra, le confronta diciendo que si lo había filtrado él, su respuesta es "que eso ahora no importa". Los periodistas que han declarado dicen que contaban con esa información mucho tiempo atrás proveniente de otra fuente, pero más allá de su testimonio no han sido capaces de aportar prueba alguna de ello.
Para más inri, esa misma mañana del 14 marzo, Sánchez Acera, por aquel entonces trabajadora de Moncloa, le manda los correos a Juan Lobato para que los saque en la Asamblea, este se niega al pensar que pueden provenir de la Fiscalía y, una vez se publican con su contenido íntegro en El Plural, le dice que ahora que están completamente filtrados ya no debe de tener ningún problema. Todo esto unido a que el Fiscal General borra el contenido de sus dispositivos el mismo día que se entera de su imputación, destruyendo las pruebas de su supuesta inocencia.
Si desgranamos uno a uno todos estos hechos probados, ninguno de ellos por sí solo demuestra la culpabilidad de García Ortiz, pero es la concatenación de todos ellos lo que aporta la carga probatoria suficiente para considerarlo culpable, algo habitual en múltiples procesos penales.
En segundo lugar, nos dicen que el que haya salido la sentencia un 20 de noviembre responde a una especie de malvada conspiración franquista. Lo cierto es que la sentencia aún no ha salido, sino que sólo se ha publicado el fallo para evitar filtraciones, dada la magnitud mediática de caso.
El Tribunal Supremo funciona así: primero se delibera y se acuerda un fallo y después el ponente redacta la sentencia que lo fundamenta. Esto no significa que los magistrados decidan sin una argumentación previa, ya que todos llegan a la reunión con su propio criterio jurídico formado.
Pero para hacer el proceso más eficiente, primero se fija el fallo y luego el ponente desarrolla la sentencia que lo justifica. Si existen votos particulares contrarios, como en este caso, también se les permite redactar su argumentación jurídica, que queda incorporada a la sentencia. No hay ninguna espuria confabulación y es el modo habitual de trabajo de esta institución. Por otro lado, el que haya coincidido que se produzca el 20 de noviembre es una casualidad responde a que la gente normal no está obsesionada con Franco, al contrario de lo que le sucede a los aduladores mediáticos del Gobierno.
En tercer lugar, nos dicen que se trata de un tribunal enormemente ideologizado hacia la derecha y que los magistrados han llegado a esa conclusión porque son conservadores. Lo cierto es que dos de los magistrados que firman el fallo contra el Fiscal General —Juan Ramón Berdugo y Antonio del Moral— formaron parte de la Sala del Supremo que confirmó en 2020 las condenas del caso Gürtel, las cuales afectaron directamente al PP.
Además, el ponente de la sentencia sobre el Fiscal General será Martínez Arrieta, un magistrado con una sensibilidad muy marcada en la defensa de derechos constitucionales que afectan a las libertades civiles tales como la libertad de expresión o la tutela judicial efectiva. Por ejemplo, formó parte del tribunal que absolvió a Cassandra —la tuitera acusada por escribir chistes sobre Carrero Blanco— y en 2021 emitió un voto particular que abogaba por flexibilizar la acusación de penas para favorecer al reo. Que sea precisamente él el ponente demuestra que esta sentencia no es ideológica, sino estrictamente jurídica.
Por último, nos dicen que si el Tribunal Supremo defiende la culpabilidad del Fiscal general, se debería procesar a los periodistas que declararon por falso testimonio. Lo cierto es que si a todos los testigos que declaran intentando exculpar a alguien y no se tiene en cuenta su relato los procesáramos por falso testimonio, los tribunales no harían otra cosa.
El Tribunal Supremo puede considerar que los testimonios de estos periodistas no tenían la carga probatoria suficiente para exculpar al Fiscal General —de hecho es lo normal, porque en todos los casos se resumió en un "se lo juro por la batería de mi móvil"—, pero al no existir indicios que demuestren que había intención de mentir no se inicia ningún procedimiento. El delito de falso testimonio es tremendamente complicado de demostrar, pues hay que probar que el testigo mintió con dolo y con intención de engañar al tribunal a sabiendas de que lo que estaba diciendo era mentira.
Ergo lo que ha pasado es lo que ocurre en la mayoría de procedimientos: no se tiene en cuenta el testimonio del individuo porque no aporta carga probatoria suficiente, pero eso no implica que se le procese por falso testimonio, pues este puede estar convencido de que lo que dice es verdad aunque no se ajuste a los hechos probados de la sentencia.
Al final, todo este ruido, estas excusas y esta catarata de bulos sólo persiguen una cosa: blindar a un Fiscal General cuya conducta habría provocado su destitución inmediata en cualquier democracia seria. No estamos ante una confabulación de la fachoesfera ni ante una conspiración reaccionaria, sino ante unos hechos probados que han quedado acreditados a lo largo del proceso judicial. Y, por más que el sanchismo trate de envolverlo en propaganda, lo que ha quedado al descubierto no es una persecución de la derecha, sino la existencia de corrupción institucional en la propia cúspide del poder del Ministerio Público. El problema no es lo que ha hecho el Tribunal Supremo, sino lo que ha dejado de hacer aquel que algún día juró defender la legalidad y el Estado de Derecho.