La conciencia como enemiga pública

Ante la negativa de la presidenta de la Comunidad de Madrid de facilitar una lista de médicos y personal sanitario que se niegan a practicar abortos, amparados en su derecho a la objeción de conciencia, la ministra de Salud del "Gobierno Progresista", ha lanzado una amenaza de represalias contra quienes se resistan a sus dictámenes. Por un lado, habla de una "nueva cultura de integridad en la salud", pero por otro, dicha integridad pasa el rodillo de la ideología, emulando los métodos de los más refinados regímenes totalitarios.

Ya desde el mundo antiguo quedó consagrado este derecho, aunque no fuera promulgado por ninguna ley escrita, en la famosa tragedia "Antígona", de Sófocles. Creonte, el nuevo rey de Tebas, decreta que Polinices, considerado traidor por atacar la ciudad, no debía ser enterrado por nadie. Pero su hermana Antígona considera que la ley divina y familiar de dar sepultura a los muertos, está por encima de esos decretos inicuos.

Al ser sorprendida mientras estaba realizando el rito del enterramiento de su hermano, es conducida ante Creonte y defiende su comportamiento con estas palabras: "No fue Zeus quien proclamó esa ley; ni la Justicia que habita con los dioses de abajo la que fijó tales leyes para los hombres. No pensaba que tus proclamas tuvieran tanto poder como para que un mortal pudiera transgredir las leyes no escritas e inmutables de los dioses. Porque esas leyes no son de hoy ni de ayer, sino de siempre, y nadie sabe de dónde surgieron".

Hasta donde podemos entender, la medicina nació para salvar vidas y procurar la salud de los seres humanos, no para ponerse al servicio de la muerte. Por eso son muchos los profesionales de la medicina y del personal sanitario que no están dispuestos a ser sus mercenarios y se rehúsan a estas prácticas. Como escribió don Gregorio Marañón en su ensayo "Vocación y ética", no es necesario que los médicos cuelguen en su consultorio y en los hospitales el juramento hipocrático. "Nos basta para resolver todos estos conflictos con nuestra propia conciencia, severamente preparada, que funciona con maravillosa y automática adaptación a cada circunstancia y al matiz de cada circunstancia".

Aunque no estuviera en el artículo 53.2 de la Constitución Española, el ser humano tiene derecho a actuar según su conciencia, si bien le acompaña al mismo tiempo el deber de formarla y responder por ella. La conciencia juzga lo que se debe o no hacer, y mide nuestros actos de acuerdo con lo que está conforme a la verdad y la recta razón. Y aquí empiezan los problemas, porque desde diversos ámbitos, empezando por la universidad pública, se intenta adoctrinar y torcer a quienes eligen este tipo de carreras ligadas al ámbito de la salud pública, obedeciendo a ideologías, sean éstas de signo socialista o capitalista.

Muy bien lo describió el filósofo alemán Peter Sloterdijk en su libro la "Crítica de la razón cínica" (1983). Ahora se hace una apología del cinismo moderno desde una "conciencia ilustrada y desdichada". "Ilustrada" porque ya no reconoce ningún valor duradero en la persona y "en el nuevo cinismo obra una negatividad acrisolada que apenas deja sitio a la esperanza, si acaso a un poco de ironía y compasión". Por eso al mismo tiempo es "desdichada", porque termina desgarrada y confundida.

Como la ciencia es conocimiento de una verdad universal y común, y el juicio de la conciencia aplica esa verdad al acto concreto; entonces la conciencia es saber a la vez la verdad universal y la situación particular. Para no engañarse, el hombre debe vivir en un intercambio continuo con los demás sobre el bien y lo justo, en la comunidad de la vida moral. Pero cuando el enemigo público del Estado es la conciencia de sus ciudadanos o profesionales, tal vez sea una llamada a la dimensión martirial de la verdad.

Se pretende argumentar que este registro de objetores no es público, pero ya hemos visto cómo se las gasta el actual Régimen. Somos testigos de cómo ha sido capaz de usar todos los organismos y herramientas administrativas del Estado -incluyendo hasta al Fiscal General, el Tribunal Supremo o el C.N.I.- para ultrajar la neutralidad política de la justicia y la verdad en favor de sus objetivos partidistas. Sólo pensar en una inteligencia artificial usada con estos criterios contra los individuos, no diferiría ya mucho de la visión apocalíptica de la marca de la Bestia.