Mientras los españoles soportan una presión fiscal cada vez más asfixiante, el Gobierno de Pedro Sánchez no tiene empacho alguno en comprar a Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) su permanencia en el poder con el dinero procedente de esos impuestos. La obscenidad alcanza cotas nunca vistas hasta ahora. He ahí a un delincuente indultado por Sánchez como Oriol Junqueras presumiendo de que la Generalidad catalana recibirá 4.700 millones de euros más al año gracias a una financiación "singular" que supone un agravio, un insulto y una afrenta para los ciudadanos del resto de las regiones de España.
La nueva financiación autonómica pactada entre Sánchez y Junqueras y presentada por María Jesús Montero como una suerte de café para todos en el que nadie pierde y todos ganan es una de las maniobras más arteras y miserables de este Gobierno y de sus socios, un disparate de imprevisibles consecuencias en términos de cohesión territorial e igualdad entre los españoles, una estafa de proporciones descomunales y un montaje inaceptable en democracia.
Que un individuo como Junqueras sea el representante de Cataluña ante Pedro Sánchez ya da cuenta de lo ínfimo del nivel. Y que Salvador Illa presente el acuerdo como un ejemplo de solidaridad de Cataluña con el resto de España es aún más hiriente. La nueva financiación, diga lo que diga la vicepresidenta y ministra de Hacienda María Jesús Montero, es un robo sin paliativos en el que los recursos de la mayoría de los españoles se destinan a satisfacer las ansias separatistas de ERC y de la administración dirigida ahora por Illa y con la que se perpetró un golpe de Estado contra la unidad de España.
La recompensa por todo ello no sólo han sido los indultos o la amnistía, sino que hay que añadir un botín de miles de millones de euros. Primero, la condonación de parte de la deuda contraída por la Generalidad golpista, más de 17.000 millones que saldrán de los bolsillos de las víctimas de ese golpe de Estado. Y ahora, una financiación autonómica que privilegia a Cataluña y penaliza a Madrid, que reconoce para la Generalidad el principio de ordinalidad que niega para Madrid y que es fruto de la voracidad fiscal contra los ciudadanos, de un reparto injusto de los recursos basado en criterios o bien opacos o bien relacionados simple y llanamente con el pago a los separatistas de las investiduras de Sánchez y de Illa.
Las cesiones a la Generalidad catalana se combinan con el castigo gubernativo a Madrid, comunidad que crea riqueza, aporta más que ninguna otra región a la caja común, es la más solidaria y la que menos presión fiscal autonómica impone a sus ciudadanos. En cambio, Cataluña, un desastre sin paliativos en materia política y económica sale beneficiada a costa de las demás regiones y gracias a unos golpistas que imponen un chantaje que sólo alguien sin principios como Sánchez es capaz de tolerar y asumir.
El nuevo modelo de financiación pactado entre Sánchez y Junqueras supone además que las comunidades autónomas no tengan ni voz ni voto en lo relativo a sus propias finanzas. En el colmo del autoritarismo, ahora resulta que Sánchez, con el concurso de un expresidiario, decide cómo se van a financiar las regiones sin ni siquiera escuchar a los representantes legítimos de las regiones.
Resulta particularmente abyecto que un supremacista como Junqueras sea el que vaya a condicionar las finanzas de Andalucía, de Madrid, de todas las comunidades, cuando además está inhabilitado por malversación. Encima resulta que el líder de ERC tiene más poder ahora que cuando ejercía de vicepresidente golpista en el gobierno catalán encabezado por Puigdemont. Cada vez que se cree que Sánchez no puede caer más bajo, el presidente del Gobierno se supera y muestra hasta que punto desprecia a los españoles, a quienes no duda en someter a los dictados de personajes tan siniestros como Junqueras, Puigdemont u Otegi.