El nuevo mecanismo de financiación autonómica hecho público por la vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, no es una reforma del sistema para que los fondos públicos se repartan entre los territorios con mayor equidad. Tampoco estamos ante el intento de acabar con la infrafinanciación endémica de comunidades como Valencia, Murcia o Andalucía, tras un análisis sesudo de los componentes técnicos del reparto. Lo que hizo Pedro Sánchez el pasado viernes en su reunión con Oriol Junqueras fue, sencillamente, comprarse unos meses más en el poder a costa del resto de los españoles.
La puja para que ERC siga prestando su apoyo parlamentario al Gobierno quedó fijada finalmente en 4.700 millones de euros, que es la cantidad que el Gobierno regional catalán recibirá adicionalmente a partir de 2027. El presidente del Gobierno de España acordó con un delincuente la magnitud exacta de este nuevo expolio a la caja común y el expresidiario se encargó de hacerlo público, a pesar de que su partido está en la oposición en el parlamento catalán. La sordidez que rodea todos los chanchullos de Sánchez con sus socios adquirió así un grado añadido de humillación hacia el presidente de la Generalidad, el socialista Salvador Illa, que se enteró de los términos del acuerdo escuchando la rueda de prensa improvisada de Junqueras desde un aparcamiento público.
Lo que hace a partir de ese momento el Gobierno es manipular los resortes del actual sistema de financiación para que dé como resultado esa cantidad adicional para Cataluña acordada con Junqueras. Por eso aparecen conceptos como la primacía del Arco Mediterráneo, que aumenta la financiación de Cataluña en detrimento de las comunidades del interior, las cuales deberán conformarse con una reformulación tramposa del Fondo de Compensación Interterritorial para que les llegue también unas migajas.
Pero lo más grave de este último atropello del sanchismo es la introducción del principio de ordinalidad, un concepto contrario a la Constitución, cuyo artículo 2 consagra la solidaridad entre las regiones españolas como base fundamental de nuestro ordenamiento político. La ordinalidad, objetivo soñado por los separatistas catalanes durante décadas, consiste en que Cataluña, una de las regiones más prósperas de España, dejará de contribuir al esfuerzo común de los españoles, situándose en una posición de equilibrio entre lo que recibe y lo que aporta.
Sobra decir que esa ordinalidad pactada por Sánchez y Junqueras, como explicó más tarde María Jesús Montero, solo afectará a Cataluña. De hecho, la ministra y candidata socialista andaluza añadió expresamente que ese principio no se aplicará a Madrid, un guiño añadido al separatismo, que ha convertido a la comunidad madrileña en el principal objetivo de su odio inveterado.
Estamos, por tanto, ante un nuevo expolio a los españoles en beneficio de la casta separatista catalana perpetrado por un presidente socialista con una humillación añadida para sus votantes en las regiones más castigadas. Por desgracia para Sánchez y Junqueras, ese pacto antinacional debe pasar por el Parlamento para que pueda ser validado. Entonces veremos si el PSOE se suicida en masa en el altar del sanchismo, como empezó a hacer con la votación de la ley de Amnistía, o todavía queda entre los diputados socialistas algún resto de dignidad.