El primer objetivo de los inmigrantes que llegan ilegalmente a España es que la Cruz Roja les proporcione un alojamiento. Digno, por supuesto. El segundo es trincar el Ingreso Mínimo Vital, ese regalo estupendo que los españoles ponemos a disposición de los que asaltan nuestras fronteras, para que puedan desarrollar su proyecto de vida sin pasar demasiados agobios cuando llega el final de mes.
El anuncio de la regularización masiva de inmigrantes realizado por el Gobierno abre las puertas a que cientos de miles de inmigrantes en situación irregular puedan beneficiarse del IMV, para lo cual (todavía) es preciso tener residencia legal en España, bien es cierto que por imposición de la Unión Europea.
Lo bueno de esa prestación es que resulta compatible con una relación laboral en el caso de los inmigrantes que, tozudamente, se empeñan en trabajar en lugar de disfrutar de esa paga y de las otras muchas que ayuntamientos, comunidades y ONG ponen a su disposición sin necesidad de hacer mayores esfuerzos. Con tres hijos, sin vivienda propia y cobrando el salario mínimo, cualquier familia se embolsa el famoso IMV, una renta fija que, unida a la tarjeta de alimentos, la ayuda de alquiler, las becas, las subvenciones a familias numerosas, las bonificaciones fiscales correspondientes, la educación y la sanidad gratuitas para toda la familia, suponen no menos de 25.000 euros anuales de rendimiento neto tirando muy por abajo.
Pero no debemos censurar la munificencia del Instituto Nacional de la Seguridad Social con personas que acaban de llegar a nuestro país y todavía no han tenido tiempo de aportar nada tangible al bien común. Eso sería de fascistas y ya ha dicho la señá marquesa de Galapagar que no nos lo va a tolerar. Lo que debe preocuparnos es la alegría con que el Gobierno hace públicos los datos de perceptores de la paga pública por excelencia, que ya llega a 800.000 hogares y 2,5 millones de personas y cuya solicitud se tramita con gran facilidad.
En realidad, a efectos económicos globales poco importa que los inmigrantes regularizados consigan un contrato de trabajo, porque lo que van a aportar a Hacienda y la Seguridad Social durante toda su vida activa no va a cubrir, ni de lejos, los beneficios que van a recibir junto a sus familias, generalmente numerosas. Aquí, el efecto llamada no lo provoca la posibilidad de trabajar legalmente, sino la de trincar legal y permanentemente el famoso Ingreso Mínimo Vital.
Al final habrá una lucha por los despojos entre las clases más desfavorecidas, lo que aumentará los conflictos que surgen cuando se produce un fenómeno migratorio masivo, especialmente en las zonas más tensionadas de las grandes ciudades. Pero esto ya no tiene marcha atrás. Habrá regularización masiva y otro medio millón de hogares empezará a recibir el famoso IMV. Y deberíamos alegrarnos de que la cifra se quede ahí. Si fuera por Sánchez y sus socios, aquí no quedaba ni un ilegal sin su tarjeta de residencia, primer paso para adquirir la nacionalidad española y, en consecuencia, poder votar.