Con la artera excusa de la protección a la infancia, Pedro Sánchez ha anunciado desde Dubai una serie de medidas liberticidas que van desde la prohibición al acceso a redes sociales a los menores de 16 años a una serie de regulaciones de los contenidos destinadas a frenar lo que el propio Sánchez llama "desinformación y expansión de los discursos de odio de Internet" y con la que el presidente español pretende hacer responsables penales a los directivos de las redes sociales que no la retiren de sus plataformas.
Para empezar, cabe señalar que lo que ven los menores de edad en Internet debería ser objeto de control parental, no estatal. Así mismo, cabe señalar la dificultad técnica para cumplir este objetivo estatal con vocación paternalista: La obligación de implementar sistemas de verificación de edad tiene más visos de convertirse en un ilegitimo modo de violar la intimidad y controlar los hábitos de los adultos que en una forma efectiva impedir el acceso a los menores, tal y como se ha visto en Australia, donde la mayoría de estos menores se valen del ingenio para superar las pruebas de acceso.
Aun dando por buena y por factible esta prohibición a los menores, ¿qué sentido tendría entonces regular los contenidos de estas plataformas destinadas a mayores de 16 años, que tienen edad, criterio y libertad suficiente para discernir y ver o no ver lo que deseen? Es aquí donde la protección de la infancia pasa más claramente a ser una excusa para cercenar la libertad de los adultos tratándolos como niños. Y es que los "bulos", los "mensajes de odio" y la "desinformación", aun cuando mereciesen indiscutiblemente estos calificativos, han de ser objeto de crítica pública, no objeto de censura por parte del poder político. Más aun cuando hay gobernantes, como el propio Sánchez, que considera como tales lo que simplemente son opiniones que no comparte o informaciones que le perjudican. La lista es larga pero el más reciente ejemplo de ello nos lo ha dado Sánchez en su intervención en Dubai poniendo como ejemplo de "desinformación y de odio" el hecho de que "Elon Musk, un emigrante, usó su cuenta personal para amplificar una decisión soberana del gobierno español". Sánchez se ha referido así a la reciente e irresponsable decisión del Ejecutivo de regularizar, al margen del parlamento, sede de la soberanía nacional, a más de medio de millón de inmigrantes ilegales y de la que la publicación de la que se hacía eco Musk consideraba que era un intento del Ejecutivo de derrotar a la extrema derecha sobre la suposición que esos inmigrantes regularizados, una vez conseguida la nacionalidad española, podrían votar en favor del PSOE en agradecimiento a su regularización.
Es evidente que esta suposición puede o no ser acertada: Hay quien podrá alegar que no todos los inmigrantes ahora regularizados podrán obtener la nacionalidad en tan sólo dos años -aun así después de las generales del 27-; que de estos -como es el caso de los hispanos- no todos optarán una vez nacionalizados como españoles por votar al PSOE o a la izquierda y que el PSOE puede perder en favor de Vox a muchos votantes nativos partidarios de la deportación y no de la regularización de los inmigrantes que han entrado ilegalmente en nuestro país. Sin embargo, esta no es la cuestión. La cuestión es que Sánchez deja con su ejemplo en evidencia que lo que pretende es prohibir y perseguir penalmente a quien plante opiniones con la que no está de acuerdo.
Al margen de que la Comisión Europea ha tardado escasas horas en advertir a Sánchez de que no puede hacer penalmente responsables a los directivos de las redes sociales por el contenido "ilegal" detectado que no retiren de sus plataformas por entrar en conflicto con la Ley de Servicios Digitales de la UE, se entiende perfectamente que el fundador y CEO de Telegram, Pavel Durov, haya enviado un mensaje oficial a los usuarios españoles advirtiéndoles contra "unas regulaciones peligrosas que amenazas vuestras libertades en internet". Por que de eso se trata: De llevar el control del gobierno a uno de los pocos ámbitos de los medios de comunicación donde no tiene control. Confiemos que la oposición no sea tan ingenua de secundar, con la excusa de la protección de la infancia, las pulsiones liberticidas propias, ciertamente, de un tirano.