En el monumental libro Combate moral de Michael Burleigh se recuerda que, desde la Antigüedad y la Edad Media, una parte de la humanidad ha intentado someter la guerra a criterios morales objetivos: legitimidad del conflicto, recta intención, proporcionalidad, discriminación entre combatientes y no combatientes, y subordinación de los medios a fines justos. No se trata de glorificar la guerra, sino de encuadrarla dentro de una ética que distinga entre agresión injusta y legítima defensa.
Los bombardeos recientes emprendidos por Estados Unidos e Israel contra el régimen de los ayatolas en Irán deben analizarse bajo esa tradición. Si la guerra justa exige causa justa, autoridad legítima y proporcionalidad, el caso iraní se inscribe en la lógica de la legítima defensa frente a un régimen que durante décadas ha financiado milicias, promovido estructuras terroristas y contribuido activamente a la desestabilización mundial a través de un peligroso programa nuclear que el ineficaz multilateralismo no ha podido o querido detener. Repetir que "ninguna guerra es buena" puede sonar moralmente elevado, pero es conceptualmente pobre. No toda guerra es justa; pero existen guerras necesarias. Hay conflictos que, de no librarse, permiten la consolidación de amenazas mayores. La inacción frente a regímenes agresivos no produce paz, sino expansión del riesgo.
Uno de los primeros líderes europeos en condenar públicamente los bombardeos del pasado fin de semana contra objetivos estratégicos en Irán fue Pedro Sánchez. No estamos ante una simple diferencia de criterio en materia exterior. Es una posición que responde a una constante: dureza frente a democracias liberales y ambigüedad cuando se trata de regímenes autoritarios. El mismo esquema argumental que empleó para justificar su postura frente a Hamás, reaparece ahora, casi idéntico, para ofrecer cobertura política a los jerarcas de la revolución islámica.
España alberga presencia militar estadounidense en la Base Naval de Rota y en la Base Aérea de Morón, instalaciones estratégicas donde operan aviones cisterna esenciales para el reabastecimiento en vuelo. El anuncio de que esas bases no podrían seguir siendo utilizadas por Estados Unidos marca un punto de inflexión. La reacción del presidente Donald Trump fue inmediata: la retirada de once aeronaves. No se trató de un gesto simbólico, sino de una señal inequívoca de pérdida de confianza. La decisión vino acompañada de una advertencia que anticipa consecuencias mayores. En palabras del mandatario estadounidense, "España es un aliado terrible".
Se especula incluso con la posibilidad de sanciones dentro de la OTAN. Sería un golpe directo a la arquitectura de seguridad española, porque no puede soslayarse que este país no vive en un entorno neutro. Las fricciones con Marruecos no son imaginarias ni menores. Ceuta y Melilla constituyen puntos de alta vulnerabilidad, cuya estabilidad depende, en buena medida, del paraguas de seguridad atlántico.
En un escenario hipotético de presión territorial —ya sea mediante nuevas oleadas migratorias inducidas, incidentes fronterizos o movimientos de tropas— la pregunta sería inevitable: ¿a quién acudirían los españoles si su vínculo con la OTAN se debilita o se fractura? La disuasión funciona únicamente cuando las alianzas son creíbles. Cuando esa credibilidad se erosiona, el margen de cálculo del adversario se expande. Y esa es una variable que Mohammed VI, que tiene cara de tonto, pero no lo es, comprende perfectamente.
A todo esto se añade un hecho que no puede pasarse por alto. El llamado caso Pegasus puso al descubierto que los teléfonos del presidente del Gobierno y de otros altos responsables del Estado fueron intervenidos por agentes de la inteligencia marroquí. En una época en la que la información vale tanto como el poder militar, que las comunicaciones de un jefe de Gobierno sean vulneradas no es un incidente técnico menor, es un golpe directo a la seguridad del Estado.
Ni siquiera hace falta hablar de chantajes formales para comprender la gravedad del asunto. Basta con que exista la posibilidad de que un gobierno extranjero disponga de información delicada sobre la cúpula política para que cambie la relación de fuerzas. En política internacional, parecer débil puede ser tan perjudicial como serlo realmente. Y un Ejecutivo cuyas comunicaciones han sido comprometidas transmite precisamente esa imagen: la de un poder expuesto. Y si algo podía aplacar el ímpetu bélico de Marruecos era, precisamente, la sólida alianza política y militar entre España y los Estados Unidos que Pedro Sánchez resolvió destrozar, en detrimento de los intereses y la seguridad de su país.
La posición del gobierno español, por tanto, no es simplemente una declaración política aislada. Es una inequívoca notificación hostil. Y las señales, en política internacional, importan. España protagonizó una de las transiciones más admirables del siglo XX, consolidándose como democracia europea integrada en las estructuras occidentales. Ese capital histórico no es automático ni irreversible. Se sostiene con coherencia estratégica y claridad moral.
Cuando un gobierno decide distanciarse de las democracias más sólidas en medio de una confrontación con un régimen abiertamente opuesto al orden liberal, no está adoptando una postura pasajera; está redefiniendo el lugar de su país en el tablero internacional. Y los reacomodos geopolíticos nunca son inocuos. Tienen costos concretos: diplomáticos, estratégicos y, eventualmente, económicos y de seguridad. Este no es un debate que se agote en declaraciones altisonantes, porque la administración de Donald Trump ha demostrado que su política exterior se expresa más en decisiones operativas que en discursos retóricos.
El pueblo español, que soporta el desgaste moral causado por un gobierno cercado por la sospecha y la corrupción, será también quien asuma las consecuencias de una decisión que compromete su lugar en el mundo en un momento crucial para Occidente. No son los gobernantes quienes pagan el precio histórico de sus errores; es la nación. Como enseñaba Aristóteles, cuando el poder deja de orientarse hacia el bien común, es la comunidad entera la que termina padeciendo sus efectos.