¿Quién se cree que es Begoña Gómez? Pues ya está

El juez Juan Carlos Peinado había citado este miércoles a Begoña Gómez para comunicarle por tercera vez la decisión de que un jurado popular asuma el enjuiciamiento de la causa que se sigue en su contra. Y, por tercera vez, la mujer del presidente no se ha dignado en comparecer como tampoco lo han hecho su asesora Cristina Álvarez y el empresario Juan Carlos Barrabés, al que supuestamente Gómez favoreció por haberla ayudado a poner en marcha su cátedra en la Universidad Complutense.

Es cierto que la ley ampara a los acusados en su decisión de no acudir personalmente a este tipo de citaciones que el juez ha tenido que cursar por así exigirlo la ley del Jurado. Sin embargo, la mujer del presidente del gobierno debería mostrar un poco más de respeto institucional a la acción de la justicia, aunque sólo sea para compensar desde un punto de vista formal el "ataque furibundo" que su abogado y ex ministro Antonio Camacho ha dirigido contra el magistrado, como contras las acusaciones populares y los medios de comunicación.

Aunque la defensa de Begoña Gómez se oponga a trasladar el caso a un jurado popular como si de una delirante ocurrencia del juez Peinado se tratara, lo cierto es que existen múltiples antecedentes que avalan esa decisión: Como argumentan numerosas fuentes jurídicas, los delitos de malversación de caudales públicos y tráfico de influencias -entre otros de los que se acusan a la esposa de Pedro Sánchez- hacen que el caso pueda ser perfectamente competencia de un jurado popular.

Por otra parte, la oposición de la defensa de Begoña Gómez a que su caso sea competencia de un jurado popular contradice los repetidos ataques que el gobierno ha dirigido contra los jueces -incluido el Juez Peinado- a los que ha acusado de practicar lawfare -usar procedimientos judiciales con fines de desacreditación- contra el gobierno. ¿En qué quedamos?

El caso es que el abogado de Gómez ha anunciado que presentará tres informes periciales en el caso de que no se archive la causa: uno sobre sobre las funciones que ejercen quienes asisten en La Moncloa a los cónyuges de los presidentes del Gobierno, otro sobre las cátedras extraordinarias en la Universidad Complutense de Madrid (UCM) y un tercero sobre los supuestos perjuicios a la UCM por el fracaso del software de la cátedra, que la propia universidad ha estimado en 113.000 euros.

En cuanto a la fiscalía, no nos extraña que se haya ratificado en el archivo de la causa, pues todos sabemos, como diría el propio Pedro Sánhez, de quien depende la fiscalía.

En conclusión. A Begoña Gómez le asiste, como a todo acusado, el derecho a la presunción de inocencia, pero lo cierto es que hasta la fecha la esposa del presidente del Gobierno se comporta, no como inocente, sino como alguien que se cree que está por encima de la ley. Y no es lo mismo.