La idea de la sociedad civil, difusa y necesaria, destaca el hecho de que el interés público en ocasiones se ve encarnado, espontánea y directamente, por el conjunto de la población. Contrasta, pues, con la usual identificación de los asuntos públicos con la minoría de los partidos políticos, los políticos profesionales, los funcionarios; en definitiva, por el Estado. Puede que tal reducción sea la benéfica consecuencia de un sistema democrático. Sin embargo, en ciertas ocasiones críticas o de necesidad de una mutación constitucional, la política no tiene más remedio que bajar a la plaza pública.
La actualidad española nos proporciona la ocasión de esa necesaria demostración de la sociedad civil. De forma inveterada, en España la política se ha dejado en manos de profesionales, movimientos o partidos, sindicatos o patronales, además del funcionariado. Puede que esta sea una fórmula para ahorrar muchos esfuerzos colectivos, mas supone el peligro de la persistente tendencia a la oligarquía y la corrupción. En los momentos de grandes dificultades económicas, de inestabilidad institucional, de agotamiento de los regímenes políticos, se produce la movilización masiva de la sociedad en pos de una salida tajante. Este fue el caso de los amenes de la dictadura de Miguel Primo de Rivera, en 1930, donde se provocó el orto de la II República. En su ocaso, seis años después, vuelve a reproducirse el suceso de la incapacidad de los gobernantes del Frente Popular (socialistas, comunistas y nacionalistas catalanes) para controlar la situación. La extrema violencia y el vacío de poder provocan el levantamiento de Franco y la consiguiente guerra civil. Al final del franquismo, volvió a repetirse la situación de los Gobiernos incapaces de organizar las demandas sociales. Fue el estímulo para que, otra vez, se involucrara la sociedad civil, el verdadero sujeto de la Transición democrática. Esta concluye, ahora, con una equivalente situación de un Gobierno inane, una verdadera hecatombe económica, agravada por la pandemia del virus chino. Es patente la ineptitud del actual Gobierno para gestionar los graves problemas colectivos. Resulta penoso el símbolo de que, allí donde el presidente del Gobierno se atreve a asomarse a la calle, se ve abucheado por algunos viandantes. Una situación como esa no ha sucedido nunca durante la larga travesía democrática.
Es claro que el Gobierno sanchista no ha sabido gestionar la pandemia, ni la grave crisis económica. Procede, pues, dejar paso a la voz y la presencia en la calle de la sociedad civil. Es ahora mucho más madura que en las situaciones precedentes.
La oportuna ocasión ha sido la de la fiesta de San Antonio (13 de junio), un santo milagrero muy popular. Una asociación puramente civil con personalidades de un origen progresista o antinacionalista convocó a una masiva manifestación en la madrileña Plaza de Colón, la más amplia de España. Acudieron representantes de los partidos de la derecha, sabedores de que solo coordinados pueden llegar al Gobierno tras unas elecciones. Se adhirieron algunos políticos e intelectuales de la izquierda a título particular, y un sinnúmero de personas corrientes, simplemente patriotas. Por eso se puede hablar de "sociedad civil".
Se supone que este acontecimiento de la manifestación de San Antonio es el mejor signo de que la sociedad civil está viva. Al igual que en la última fase del franquismo, el Gobierno nos entretiene con lo que entonces se llamaba "relevos" de los ministros y ahora, "remodelaciones". En los años 70 del siglo pasado, el pueblo pedía el finiquito del franquismo, no el cambio de algunas carteras ministeriales. Hoy, lo que exige es la salida del doctor Sánchez, por incompetente.
A las dificultades dichas se añade, en este crítico momento, un veterano problema insoluble: el condicionamiento de la gobernación del país por el chantaje de los independentistas catalanes y vascos. La ocasión última ha sido el ludibrio del indulto a los catalanes que intentaron un golpe de Estado en 2017. No hay mal que por bien no venga. Ahora es la ocasión para plantear la necesaria reforma de la ley electoral. Los partidos políticos con presencia en las Cortes Españolas tendrán que ser los que, necesariamente, intenten representar a todos los españoles, no solo a los de una región o una provincia. Esta reforma sería el comienzo de una democracia más genuina.