Durante el último año, entretenidos como hemos estado los españoles interesados con elecciones y formaciones y deformaciones de Gobierno, se nos ha ido el santo al Cielo. Desde el silente presidente del Gobierno hasta los políticos que mandan, los funcionarios y los empresarios han olvidado rematar muchas tareas necesarias para ordenar la vida pública. Lo que llamamos ‘política’ debe ser ese repertorio de lo que queda por hacer para mejorar el bienestar de la población con recursos públicos. No hay que imaginar nuevas conquistas. Basta con recuperar lo que no se ha hecho durante decenios y está esperando el BOE, ahora digital.
Es fácil argüir que, para cualquier política que se emprenda, se necesita elevar los impuestos. Lo inteligente y difícil es que el Estado (en su más amplio sentido) satisfaga las necesidades de la población con el mínimo posible de gasto y sin subir los impuestos. Por eso la política es un arte y los verdaderos artífices son pocos.
Una ingente tarea política que queda por hacer en España es organizar definitivamente la sanidad pública. Supongo que no se creen ustedes eso de que "los españoles disfrutamos de la mejor sanidad del mundo". Varios millones de funcionarios y de jubilados de la actividad pública deberían contar con los mismos servicios (mejorados, claro) de sanidad que el resto de la población. Sin esa magna operación organizativa no se puede hablar de la sanidad pública universal, aunque el universo sea solo el del censo español.
Ya tenemos escolarizados a todos los españoles de la edad correspondiente. Ha sido una proeza que nos ha costado más de un siglo, entretenidos como hemos andado con otros menesteres. Tendríamos que reservar un plazo mucho más breve para que los centros de enseñanza se organizaran de una forma más productiva. Un buen indicador sería que los centros de enseñanza universitaria y de formación profesional atrajeran a cientos de miles de estudiantes de otros países. Por desgracia, ese no es el caso. Contamos con una facilidad: el idioma castellano es uno de los pocos de alcance internacional, aunque los que mandan en Cataluña no quieran percatarse de ello. Hay que poner ahora los medios para una gran operación de ese estilo. Había que empezar por un minúsculo detalle: falsificar una tesis doctoral debe ser un grave delito.
Bien está la colaboración con el resto de los países de la Unión Europea. No obstante, sería del mayor interés que se fomentara mucho más la acción conjunta entre España y Portugal en múltiples facetas de la vida pública y privada. Ambos países seguimos viviendo de espaldas, algo que en su día propició Inglaterra. Es una prepóstera supervivencia.
Tengo escrito que una urgente necesidad pública es la de reducir los más de ocho mil municipios (los mismos que existían hace más de un siglo) a unos ochocientos como máximo. Sería la mejor forma de rentabilizar muchos servicios públicos y de atender las necesidades de lo que se ha llamado la "España vacía" (o "vaciada"), entre otros objetivos más ambiciosos. Es inútil; ningún Gobierno previsible hará suya la necesidad que digo. Ha sido una reforma que ya se ha realizado en otros países europeos. Al menos por imitación, deberíamos apuntarnos a ella.
Todo el mundo se halla de acuerdo en reformar la ley electoral, que incluso es anterior a la Constitución. No es posible mantener por más tiempo la batahola de partidillos que se arraciman en las Cortes. Bastaría con la provisión elemental de que cada uno de los partidos en liza intentara representar a todos los españoles, naturalmente desde su particular ideología. Parece una reforma elementalísima, pero costará Dios y ayuda. Por eso mismo hay que emprenderla. En el entretanto, hay que aguantar esa majadería del burgomaestre de León al afirmar que "León nada tiene que ver con Castilla". ¿A quién interesa tamaño despropósito? Se empieza a ver la desmesurada influencia de Esquerra Republicana de Catalunya en el Gobierno.