Los abucheos y gritos de "¡dimisión!" proferidos este domingo en Córdoba contra el ministro de Interior, Fernando Grande Marlaska, durante un homenaje a la Guardia Civil son un síntoma claro de que a este Gobierno de coalición PSOE-Podemos ya muy pocas cosas le van a salir gratis. Una parte de la sociedad está muy harta de las políticas de Sánchez y, ante la lejanía de unas elecciones generales, que es donde los ciudadanos pasan factura, de momento muestran su descontento con pitos y abucheos.
Otra cosa es el caso particular de Marlaska. Tradicionalmente, desde la Transición, los ministros de Interior han tenido, en mayor o menor medida, un importante apoyo popular. La mayor parte de los que han ocupado esa cartera salían bastante bien valorados en las encuestas. Es verdad que, en los años duros del terrorismo de ETA, los ciudadanos valoraban y apoyaban mucho a quien dentro del Ejecutivo tenía la máxima responsabilidad en la lucha antiterrorista.
Interior ha sido siempre uno de los ministerios clave. Un ministerio de Estado, se podría decir, porque las materias de las que se ocupa requieren un consenso y unas políticas que estén por encima de los intereses del partido que apoya al Ejecutivo. Con sus más y sus menos, tanto UCD como luego el PP y el PSOE han tenido presente esa singularidad.
Por eso la persona que ostenta la cartera de Interior debe estar por encima de los intereses partidistas de quien la ha nombrado y además ganarse el respeto y la consideración de los servidores del Estado que están a sus órdenes: los miembros de la Guardia Civil y del Cuerpo Nacional de Policía.
Marlaska, que llegó al ministerio con un reconocido prestigio tras su paso por la Audiencia Nacional, lo ha ido dilapidando poco a poco, con actuaciones y declaraciones polémicas que han creado malestar no sólo en una parte de la opinión pública, sino en el seno de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.
Episodios como la destitución del coronel Pérez de los Cobos por negarse a informar a sus superiores sobre la investigación que por orden judicial estaba llevando a cabo la Guardia Civil sobre las circunstancias que llevaron a las autoridades sanitarias a no poner pegas a la manifestación feminista del 8-M de 2020 en Madrid; las explicaciones que dio en el Congreso sobre el caso; el numerito que montó a raíz de las supuestas amenazas de muerte contra él, la directora general de la Guardia Civil y Pablo Iglesias durante la campaña de las elecciones autonómicas madrileñas del pasado mayo, que luego quedaron en nada, son algunas de las cosas que han hecho a Marlaska perder la auctoritas que un ministro del Interior debe tener ante sus subordinados y ante la ciudadanía.
Una ciudadanía que sabe también que Marlaska ha sido quien ha pilotado la operación bautizada por el portavoz del PNV en el Parlamento vasco, Joseba Eguibar, como "cinco a la semana", en referencia a los acercamientos de los presos de ETA a cárceles ubicadas o cercanas al País Vasco, que todos los viernes, durante el último año, Interior ha ido llevando a cabo. Sabido es que estos acercamientos son una vieja reivindicación de Bildu, los herederos políticos de la banda terrorista, con los que el Gobierno de Sánchez tiene tan buen trato y con los que pacta en el Congreso o en Navarra.
A muchos observadores de la actualidad les llamó la atención que Marlaska no estuviera entre los ministros destituidos por Sánchez en julio. Sus razones tendrá el presidente; pero, en cualquier caso, Fernando Grande Marlaska no pasará a la Historia como un buen ministro del Interior. En el elenco de personas que han ocupado ese cargo en Gobiernos del PSOE, los Barrionuevo, Corcuera, Asunción, Alonso o Rubalcaba están muy por delante de este juez metido a político. Al menos, a diferencia de Garzón, sí ha llegado a ministro. Algo es algo.