Ni la crisis del ébola tan desastrosamente gestionada, al menos durante los cuatro primeros días, por el Gobierno de Rajoy ha podido tapar el nauseabundo asunto del uso de las tarjetas black por parte de 82 consejeros y directivos de Caja Madrid y de Bankia, que entre 1999 y 2012 fundieron con dichas tarjetas un total de 15,5 millones de euros en todo tipo de gastos y caprichos personales no declarados a Hacienda, ni por ellos ni por las entidades financieras citadas.
La lista de gastos es muy reveladora de la condición humana: restaurantes de lujo, hoteles de cinco estrellas, ropa, muebles, viajes, safaris, vino, joyas, ordenadores, etc. Incluso uno empleó la tarjeta para sacar un bono metrobús y otro para hacer una llamada telefónica desde una cabina.
Lo primero que conviene es hacer justicia con los cuatro consejeros de Caja Madrid que decidieron no utilizar esa tarjeta opaca. Sus nombres no dirán nada a la opinión pública porque son –uno ya ha fallecido– personas sin relevancia pública. Pero quede aquí el reconocimiento a Esteban Tejera, Francisco Verdú, Íñigo María Aldaz Barrera y el fallecido Félix Manuel Sánchez, que decidieron no utilizar nunca esas tarjetas.
Confesó en su día el que fuera director general de la Guardia Civil en los Gobiernos de Felipe González, Luis Roldán, que lo que no se podía era poner a una persona con escasa formación cultural y sin patrimonio ante la tentación de tener que manejar una caja con fondos reservados y pretender que no se corrompiera. Roldán sucumbió a la tentación, y de qué manera. Saqueó la caja de los fondos reservados y la destinada a los huérfanos del Instituto Armado para su enriquecimiento personal.
En vista de lo que ha sucedido con las tarjetas black de Caja Madrid y de Bankia, se puede colegir que esa tentación del sobresueldo en B, del dinero fácil, del gasto caprichoso, de la corrupción personal, en definitiva, es algo que no entiende de nivel de formación o de patrimonio. No parece que Miguel Blesa, Rodrigo Rato, Gerardo Díaz Ferrán, Rafael Spottorno, Arturo Fernández, Juan Astorqui, Ricardo Romero de Tejada, Juan Iranzo, Matías Amat, Ildefonso Sánchez Barcoj, por citar algunos de los titulares y usuarios de las susodichas tarjetas, fueran unos indocumentados que no sabían lo que hacían o que tuvieran dificultades para llegar a final de mes. Por cierto, algunos de los citados tenían unos sueldos como directivos de la entidad sencillamente escandalosos, como para encima ir diciendo ahora que consideraban esa tarjea un sobresueldo. Y tampoco es de recibo el argumento utilizado por algunos de que lo que se ha destapado en Caja Madrid y Bankia es lo habitual en otras entidades financieras. Una actuación reprobable no depende del número de personas o instituciones que la cometan.
Tampoco parece que la corrupción entienda de ideologías. Rato era y de momento sigue siendo del PP, pero José Antonio Moral Santín era de Izquierda Unida; Antonio Romero, del PSOE; José Ricardo Martínez –el sindicalista chillón que mandó "a su puta casa" al anterior gobernador del Banco de España–, de UGT y Francisco Baquero, de CCOO; y todos gastaban con una alegría inmensa con la tarjeta opaca.
Escribía una colega hace unos días que Podemos no necesita hacer mucho esfuerzo para elaborar el programa electoral con el que concurrirá a las próximas elecciones generales. Basta que reproduzcan las hojas y hojas que tiene el juez con todos los movimientos de las tarjetas de estos 82 directivos/consejeros de Caja Madrid y de Bankia. Y tiene toda la razón esa colega. No sé cuántos miles de votos irán a la formación de Pablo Iglesias tras conocerse con todo lujo de detalles en qué gastaban el dinero de todos los contribuyentes estos individuos, pero seguro que serán bastantes.
Algunos hemos dicho desde hace tiempo que la crisis en la que estamos instalados no es exclusivamente de carácter económico. Es mucho más: es una crisis moral, ética, social, que afecta a muchas instituciones públicas, semipúblicas, privadas, políticas, no políticas, que conforman el Estado y la sociedad.
De ese tipo de crisis no se sale ni en poco tiempo ni sin un esfuerzo personal y colectivo importante. Hace falta una regeneración total del sistema. Hace falta recuperar los valores de la integridad moral, de la honradez, de la honestidad, del trabajo bien hecho, de un estilo de vida austero, de servicio a los demás, con mayor motivo si se está en un cargo público.
Para que esa regeneración sea creíble hay que empezar porque sea ejemplar. En el caso que nos ocupa, lo mínimo exigible es que todos los que hicieron uso de la tarjeta devuelvan hasta el último céntimo el dinero gastado; que la Justicia de forma rápida determine si además ha habido algún tipo de delito, lo cual parece evidente, y que los implicados tengan y sientan una cierta reprobación social: no les puede salir gratis lo que hicieron. La gente está muy harta de este tipo de comportamientos. Y hay algunos que parece que todavía no se han enterado.