Hay que desescalar. En Cataluña. Lo dice el Gobierno. Lo repican editoriales. Lo escriben y dicen periodistas. Nos alecciona al respecto hasta un presentador de TVE que consideró compatible una disculpa por hablar de "dos países" al referirse a Cataluña y España con tomar posición en favor de una política coincidente con la gubernamental. Desescalar es, dicen, la estrategia del Gobierno para Cataluña. Conviene corregir: no es la estrategia para Cataluña, sino la actitud con la que el Gobierno quiere afrontar, sin enfrentarse, a la escalada del separatismo catalán.
Portavoces oficiales y oficiosos del Gobierno Sánchez aseguran ante cada pronunciamiento de los dirigentes separatistas que las palabras sólo son palabras. Las palabras, dicen, no son una amenaza. Ya podían añadir, en plan refranero, que a las palabras se las lleva el viento. Ni siquiera importa, por lo que se ve, que esas amenazas de persistir en el golpismo las despache, no uno de tantos tertulianos independentistas de TV3, que también lo hará, sino el propio presidente del Gobierno regional. Cuánto se parece, en esto de quitarse la escalada separatista de encima, el Gobierno de Pedro Sánchez a su archienemigo, el Gobierno de Mariano Rajoy.
El Gobierno Rajoy y ahora el Gobierno Sánchez se parecen en su decisión de ignorar que la escalada del Gobierno separatista no es verbal: es una escalada política. Para el anterior Gobierno, las palabras amenazantes del Gobierno regional separatista eran, también, sólo palabras. No eran materia que mereciera especial actuación mientras no se sustanciaran en hechos. En hechos delictivos. Había que asistir, entonces, a la preparación del delito de brazos cruzados. Cuando aprobaran algo manifiestamente ilegal, se recurriría y punto. Lo que traslucía aquella actitud del Ejecutivo del PP era una incredulidad interesada: no quería creer que los dirigentes separatistas hicieran lo que decían que iban a hacer. Era mejor no creerlo, porque de creerlo había que actuar. Era mejor creer que a las palabras se las llevaría el viento.
Cuando hace un año, justo un año, el Parlamento catalán, violentado por una exigua mayoría de diputados separatistas, puso en marcha la trituradora de leyes y la apisonadora de derechos, el Gobierno debió de intuir que la amenaza iba en serio. Aun así, aparte de recurrir al TC, no hizo más. Sí, envió fuerzas de seguridad del Estado a Cataluña antes del 1 de octubre, pero no impidió que los mandos de la Policía autonómica, en connivencia con el Gobierno regional, pusieran a ese cuerpo policial prácticamente como garante de la celebración de un referéndum ilegal de secesión. Cuando, dos días antes, el portavoz Méndez de Vigo garantizó, después del Consejo de Ministros, que no iba a haber ningún referéndum y bromeó sobre "las urnas compradas en los chinos", quedó claro que el Gobierno había desaprovechado la última oportunidad.
La idea de desescalar, que promociona el Gobierno socialista, lleva implícita la falsa premisa de que la escalada separatista no es responsabilidad de los separatistas. Que no expresa su intención de ruptura, sino que responde a una actitud inflexible del Gobierno del PP, sea porque no fue dialogante, sea por judicializar la política. Tan poca responsabilidad tiene el separatismo en todo lo que hace, que también culpan de su escalada a "la estrategia de la tensión" que se atribuye a Ciudadanos y al PP de Pablo Casado. El caso es señalar a cualquier otro agente provocador antes que al separatismo.
En el fondo y en la superficie, la estrategia de la desescalada no hace más que asumir justificaciones inventadas por el independentismo. Justificaciones que no se han inventado ahora. Es el cuento victimista de siempre. Es el cuento de que cualquier actuación política que perjudique al nacionalismo catalán sólo sirve para alimentarlo. Y es el cuento que permitió a ese nacionalismo transitar sin apenas obstáculos de su proyecto de "construcción nacional" al intento de golpe de Estado.
La desescalada del Gobierno es puramente unilateral. Es una desescalada de sólo una parte, y de la parte que tiene que defender la legalidad democrática y los derechos de todos los ciudadanos. Pero las desescaladas no funcionan así. O hay desescalada por ambas partes o lo que sucede es exactamente lo que está ocurriendo: cuanto más desescala el Gobierno, más escalan los otros. Y más escalarán.