El Gobierno de España ha producido su primer documento destinado a contrarrestar, de manera ordenada y sistemática, la propaganda del secesionismo catalán. Lleva el título "Por la convivencia democrática", son 210 páginas, y su índice y una muestra de su contenido acaban de publicarse en un diario nacional. Tómese nota porque esa reseña necesariamente breve es, a buen seguro, todo lo que conocerá el común de los españoles del tocho elaborado en el Ministerio de Margallo.
El documento del equipo de Exteriores se enviará a embajadas y consulados para que sepan qué decir los diplomáticos cuando les pregunten por el conflicto catalán; para que dispongan, en fin, de una batería organizada de argumentos. Y no voy a ser yo quien le afee la iniciativa; ya se encargarán de eso los nacionalistas. Es más, ya se encargan de utilizar todos los instrumentos y medios de la Generalidad, en apropiación ilícita de una institución que no les pertenece a ellos, para buscar apoyo en la comunidad internacional a su propósito de quebrantar la ley.
Si no se puede impedir que una institución del Estado actúe también en el exterior con deslealtad manifiesta hacia el Estado, no está mal que por lo menos se aclaren cuestiones básicas a las elites políticas y mediáticas de otros países, ésas a las que la Generalidad catalana intenta capturar en una telaraña de trolas al por mayor y medias verdades al detall. Ante todo, porque cualquier captura, por mínima que sea, sirve a los de Artur Mas para alardear de que el viaje a la independencia goza de simpatía y comprensión por el mundo adelante. Y para inducir a la opinión pública catalana a creer en su justeza y en que no entraña riesgo alguno de aislamiento.
Bien, entonces, por Margallo. Pero ¿y la actuación del Gobierno de España en España contra las tergiversaciones del separatismo catalán? ¿Dónde está? Rajoy y sus ministros hacen alguna declaración. Con cuentagotas. Pero nada que desmonte de forma razonada y consistente la pila de falaces argumentos que fabrica, como chorizos, el entramado nacionalista. Nada de eso hay, quiero decir, que provenga de las instituciones. La opinión pública española y más la catalana, sometida a diario bombardeo por el independentismo, se encuentra por completo desasistida.
En esas condiciones, lo extraordinario es que aún hay catalanes que se resisten a los que llevan allí la voz cantante. La ausencia de voces autorizadas, de voces institucionales, que desnuden las manipulaciones y fantasías separatistas se refleja en la estrambótica situación de que sólo en la prensa se rebatan los cuentos de Mas y compañía. Ni tan siquiera los partidos, los que defienden la unidad de una de las naciones más antiguas de Europa, como gusta de decir Rajoy, se han puesto manos a la obra. Alicia Sánchez Camacho anunció una gran contraofensiva cívica e intelectual y aquí estamos, tomando las uvas y aún a la espera del advenimiento.