Hay gran escándalo por la sentencia del Prestige. ¡La catástrofe se salda sin culpables! ¡La mayor catástrofe ecológica de Europa y ni un puñetero culpable al que meter entre rejas! ¡El juez dictamina que no hubo responsabilidad penal por los daños! ¡Se ha lucido la Justicia española! ¡Tantos años para esto! Y así.
Vayamos por partes, escandalizados. La Justicia española sentó en el banquillo de La Coruña a quienes podía legalmente sentar en él, que no eran todos los implicados. De ahí que se persiguiera judicialmente fuera de España a las empresas, con sede en distintos países, que estaban tras el petrolero y su carga. Hasta ahora, el empeño ha tenido poco éxito. Los tribunales norteamericanos rechazaron definitivamente en 2012 la demanda interpuesta por España ¡nueve años antes! contra la clasificadora del Prestige, la American Bureau of Shipping, por negligencia en las inspecciones del barco. Pleitear tampoco sale gratis: ese proceso nos costó unos 30 millones de euros.
En el banquillo coruñés se sentaron, pues, el capitán del Prestige el día de autos, su jefe de máquinas y el que era entonces director general de la Marina Mercante. El tribunal no dice ni puede decir que hubo un delito contra el medio ambiente, así, en general e impersonal. El tribunal debía determinar si los acusados habían cometido delito. La sentencia razona suficientemente -y bien- el dictamen. Hay, respecto al discutido alejamiento del barco, un apunte notable sobre la falacia retrospectiva:
Es verdad que hubo y hay funcionarios, técnicos y autoridades españolas que discreparon y discrepan aún hoy de esa decisión, pero son una minoría y sus criterios o son poco fundados o analizan la situación con el conocimiento actual de la misma y no con los limitadísimos datos de que se disponía en su momento.
De haberse condenado a López Sors, y así a la Administración española, el Fidac, organismo intergubernamental que gestiona las indemnizaciones por contaminación de hidrocarburos, no le hubiera dado un euro a España. El Fidac ha racaneado todo lo que ha podido, y los 1.000 millones que prometió los ha rebajado a 300 millones. Pues ni eso hubiéramos visto. Cierto que a Nunca Máis y al resto de interesados en que se condenara al Estado les importaba un pimiento de Padrón perjudicar a los contribuyentes españoles. Nadie sensato podía pensar que era un delito alejar el barco, pero se empeñaron en llevar su batalla política a los tribunales.
Ellos y otros, como Izquierda Unida, que acusó pero "no se dignó comparecer en ninguna sesión del juicio ni formalizó acusación definitiva", querían evidentemente algo distinto: un juicio político. Bueno, la Audiencia Provincial de La Coruña imparte justicia con mejor o peor criterio, pero su función no era ni podía ser celebrar una causa general por el hundimiento del petrolero con el propósito de colgar al PP del mástil. Para esas faenas, ahí tienen a Garzón. Ahora que está inhabilitado, pónganle al frente de un tribunal político: un Tribunal de Crímenes del PP. Al modo de aquel Tribunal de Crímenes de Guerra que organizaron Bertrand Russell y Jean-Paul Sartre para denunciar lo de Estados Unidos en Vietnam, aunque sin su altura intelectual. Todo no se puede tener.
Ya hablando en serio, sólo queda la opción de seguir explorando la vía de las demandas contra las empresas del Prestige.