La propuesta de reformar la ley del Tribunal Constitucional para garantizar la ejecución de sus resoluciones será todo lo mala que se quiera. Es electoralista, como lo son casi por definición las decisiones de un gobierno en período preelectoral, y no sólo las de un gobierno: han sido igual de electoralistas las reacciones en contra. ¿O el alto voltaje retórico de la oposición no guarda relación alguna con que haya elecciones a la vuelta de la esquina? Por lo demás, y entre otras malas cosas que ya se han puesto negro sobre blanco, carece del básico consenso que debería presidir las reformas que afecten a instituciones fundamentales del Estado. Claro que pensar que se podía haber forjado un consenso entre PP y PSOE en ese punto es una bonita ingenuidad.
El proyecto será malo, pero su presentación ha sido todo un test del estado en que se encuentra la política española para afrontar una posible declaración secesionista en Cataluña. En cuanto se ha dicho que las resoluciones del guardián de la Constitución deben contar con más garantías de ejecución, se ha levantado un coro rugiente: ¿cumplir las sentencias del TC? ¡Pero qué abuso más intolerable!
El líder Sánchez oteó la reforma desde el otro lado del charco y la atribuyó a un empeño de Rajoy por legislar para la extrema derecha de su partido. Hombre, si todo lo que pretende esa extrema derecha es que se cumplan las resoluciones del alto tribunal y se preserve el orden legal y constitucional, quizá debería felicitarse Sánchez. Puede que no lo tenga presente, pero en tiempos la extrema derecha estaba radicalmente en contra de la Constitución. Lo raro, raro es que no esté el PSOE a favor de que las decisiones del TC sean algo más que un papel destinado al archivo.
Si a unos les despierta una repugnancia visceral la idea de hacer cumplir las resoluciones del TC, a otros les parece una amenaza, una llamada a la confrontación y hasta un procedimiento inquisitorial. Ah, dicen los sabios, es que estamos ante un problema político y no se hace política a golpe de sentencias. Bueno, esto último no sería necesario si no hubiera políticos decididos a dar golpes contra la legalidad. Es inquietante, en cualquier caso, que tengamos tantos partidarios de que la política transcurra por cauces opuestos a la ley.
Esta panoplia de reacciones airadas compone un mensaje alentador y reconfortante para los que han anunciado que proclamarán la independencia de Cataluña. Porque el mensaje que envían es que hacer cumplir la ley es cosa extravagante y peligrosa, y si se trata de la Constitución, todavía más. Un mensaje que lleva implícita la promesa de un premio extra: incumplir saldrá gratis.
El nacionalismo ya ha venido disfrutando de ese gratis total; hiciera lo que hiciera, incumpliera lo que incumpliera, el coste era cero. Pero ahora que ha subido la apuesta y amenazar con romper por las bravas un país también puede esperar tranquilamente que no tenga ninguna consecuencia negativa. A este paso, la medida más contundente que querrán tomar la mayoría de los partidos cuando el parlamento catalán proclame la independencia será tal vez, ¡y con mucho cuidado para no herir sentimientos!, la de crear una comisión.