Me preocupa que el actual Gobierno de España le esté dando alas a la política de acercamiento de presos al País Vasco, así como la aplicación laxa del artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario con algún terrorista de ETA, como ya ha realizado recientemente con Pérez de Nanclares, dejándolo en libertad.
Angel Yuste, Director General de Instituciones Penitenciarias, tiene que saber que el voto de confianza que tiene de muchos de nosotros no es para dar continuidad a una política caduca de enfrentar al enemigo dentro de las cárceles como con ETA tantos gobiernos anteriores han realizado.
Insisto en que la dispersión de presos de ETA hay que mantenerla mientras ETA siga existiendo y, de hecho, es lo que la Ley y Reglamentos contemplan. Trasladar a los presos de ETA a un mismo recinto penitenciario retroalimenta el cumplimiento de los objetivos de la propia organización terrorista a través de su colectivo de presos, es decir, genera cohesión y confianza dentro de ETA y sus presos. La dispersión pretende cortar las raíces del sentimiento destructivo de ETA y su entorno hacia España, de forma que los presos etarras no puedan crear un "gueto" dentro de una cárcel que se haga fuerte y pueda reivindicar los planteamientos de la organización terrorista. Tener dispersados a los presos de ETA corta las líneas de comunicación y debate de la propia organización terrorista. Si ETA sigue viva, la dispersión debe seguir existiendo. Si verdaderamente queremos acabar y extirpar el terrorismo etarra, no podemos claudicar a los objetivos de la organización etarra.
Se equivocan aquellos dirigentes que creen que la petición expresa de perdón a las víctimas por parte de sus autores habiendo abandonado los fines de ETA es suficiente para acogerse al art. 100.2. del Reglamento Penitenciario que les permite "salir a la calle". Se trata de la aplicación de la política del anterior Gobierno que, sinceramente, no se acoge a la Ley. Además se debe colaborar activamente con las autoridades para esclarecer más de 300 asesinatos sin resolver o detener a los comandos de ETA aún activos en Europa. Si nuestros líderes se leen el artículo 90 del Código Penal encontrarán todas las respuestas para darse cuenta de que los presos de ETA que stán en Nanclares de ETA no cumplen con la Ley, palabra preferida y de moda entre nuestros recientes gobernantes.
Las leyes y reglamentos penitenciarios aprobados por el Gobierno de Felipe González, fueron y han sido la “puerta trasera de escape” que ha utilizado el Gobierno de Rodríguez Zapatero con determinados presos etarras que no cumplen con lo establecido en la Ley. Mientras no se aclaren los casi 300 asesinatos de ETA sin resolver, no se puede hablar de que los presos supuestamente arrepentidos hayan "colaborado activamente con las autoridades" –como establece el artículo 90 del Código Penal– como condición indispensable para la aplicación del artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario.
Si, como bien dice el señor Rajoy, va a aplicar escrupulosamente la Ley y el Estado de Derecho con todos los españoles, sólo pedimos que haga lo mismo con las víctimas del terrorismo que no somos menos. No debe caer en los engaños y trampas del PSE de Patxi López o del PNV de Íñigo Urkullo. Los presos de ETA deben colaborar para que ETA desaparezca definitivamente, deben pedir perdón a todas sus víctimas y dejar claro que la historia de ETA ha sido un continuo y terrible asesinato a personas decentes e inocentes que sólo querían vivir una vida plena como todos los demás. Y lo más importante, deben someterse a la Ley y, por tanto, entregarse a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para ser juzgados por sus delitos y cumplir íntegramente sus condenas.
El Sr. Portero de la Torre es presidente de la asociación Dignidad y Justicia. Su padre fue asesinado por ETA el 9 de octubre de 2000, en Granada.