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La mentira del derecho a decidir

Ni siquiera son capaces de definirse a sí mismos sin España, porque históricamente nunca han sido otra cosa.

Daniel Rodríguez Herrera
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Una de las mayores engañifas del nacionalismo catalán ha sido la de vender su mercancía bajo el disfraz del derecho a decidir. Cierto, a alguno ya se le ha escapado que no es más que un eufemismo y que en realidad lo único que hay detrás es la secesión. Pero no deja de ser verdad que gracias a esta mentira los nacionalistas se han travestido de grandes demócratas y han pretendido dejar a todos los demás como poco menos que fachas insensibles que quieren impedir a los pobres catalanes el ejercicio de sus libertades. Lo han hecho, además, sin oposición, hasta el excelente discurso de Rajoy en el debate de hoy. Porque ¿quién se va a oponer a algo que parece, en abstracto, tan indiscutible?

La trampa esencial del derecho a decidir es dar por sentado quién debe decidir qué cosa. La secesión de Cataluña no sólo afectaría a esa región, sino a toda España. Aunque no tuviéramos en cuenta los sentimientos nacionales y patrióticos de cada uno, como mínimo estaría el empobrecedor efecto frontera, que afectaría más a Cataluña, sí, por ser la parte más pequeña, pero que nos perjudicaría al resto también. Piensen en lo que sucedería si la liga de fútbol se partiera en dos. El Barça sería sin duda el más perjudicado. En pocos años se convertiría en un equipo con solera, pero menor, como Ajax o Celtic de Glasgow. Sin embargo, el Real Madrid sufriría por la pérdida de competencia; menos, sin duda, pero también. Algo similar sucedería con la economía: el ejemplo más claro lo tenemos en la reciente división de Checoslovaquia. De hecho, esa es la única razón que a mí me impide apoyar firmemente la expulsión de Cataluña de España. Porque nos haría más pobres, y no estamos tan boyantes como para poder permitírnoslo.

El caso es que si la secesión catalana nos afecta a todos, ¿qué derecho a decidir es ese que nos niega a la mayoría de los afectados el voto? Ninguno de los políticos catalanes que se llenan la boca con la palabra democracia ha propuesto que se nos consulte a los demás. Ni siquiera a esos països catalans con los que tan alegremente se anexionan a mallorquines y valencianos. El uso de la expresión derecho a decidir por su parte es, por tanto, un ardid publicitario de mucho éxito pero ninguna sustancia.

El único derecho a decidir que debería ser indiscutible es el derecho de cada individuo a elegir el rumbo que tomará su vida. A escoger dónde se toma el café por la mañana, qué quiere estudiar, a qué querría dedicarse, dónde quiere vivir, con quién desea compartir su vida, si quiere tener hijos o cuántos. Cuando se habla de derecho a decidir de un colectivo siempre se habla de una imposición, en el sentido que sea, de una mayoría sobre una minoría. O, como quieren al parecer los nacionalistas, de una minoría sobre una mayoría. Por eso la democracia liberal, la de verdad, la que mal que bien sobrevive en España y el resto de Occidente, impone límites a ese derecho a decidir colectivo, y lo encorseta en formas y protocolos establecidos de antemano. Porque hay cosas que la mayoría no puede imponer, líneas que no se pueden traspasar.

Los nacionalistas catalanes han establecido que el derecho a decidir lo ostentan sólo los habitantes de una región delimitada por la voluntad política de los españoles, basada en una división provincial trazada en el siglo XIX también por un Gobierno español. Ni siquiera son capaces de definirse a sí mismos sin España, porque históricamente nunca han sido otra cosa. Pero es cierto que cualquiera puede sentirse catalán, español o lo que quiera al margen de las circunstancias históricas o personales. Lo que no puede es imponer a los demás sus preferencias. Eso es de lo que nos acusan los nacionalistas catalanes; pero son ellos los que perpetran eso de lo que acusan a España. Esta tarde ha sido la primera vez en varios años que se lo hemos oído decir con claridad a un presidente del Gobierno. Más vale tarde que nunca. Pero las palabras sin acciones que las respalden no sirven para nada. Y no parece que Rajoy quiera hacer nada. O quizá sí, conceder privilegios al Gobierno catalán sobre los de las demás autonomías. Al tiempo.

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