No podrán decir que no avisamos. Salvo que el juez Manuel Piñar decidiera poner la ideología feminista –eso que llaman "perspectiva de género"– por delante de la aplicación de la ley, estaba cantado que Juana Rivas sería condenada por sustracción de menores. La lectura de la sentencia nos deja además una impresión tremendamente negativa de su conducta. El juez no considera relevante la condena de maltrato de 2009, condena por conformidad, porque no tiene sentido que, si el padre es tan peligroso maltratador, ella regresara y tuviera otro hijo con él años después. Tan claro es el caso que ni siquiera le ha hecho falta recordar que cuando ella se fue con su pareja de entonces de mochilera por Asia varios meses dejó a su hijo con Arcuri, conducta poco compatible con la idea de una madre coraje que se arriesga incluso a ir a la cárcel para defender a sus retoños de un peligroso maltratador.
Tampoco considera admisible la denuncia posterior, dado que los informes de parte que ha presentado no aportan ninguna prueba de valor, mientras que el único informe forense objetivo deja claro que el hijo mayor no presenta ninguno de los síntomas psicológicos que tendría si, como asegura Juana Rivas, hubiera presenciado horribles maltratos y hasta hubiera tenido que interponerse entre ambos. Además, también le resulta sospechoso que sólo denunciara por maltrato cuando ya se había llevado a los hijos y comenzaba la lucha por su custodia, una lucha en la que sólo podía salir victoriosa con una denuncia de esta naturaleza, porque ya había decidido sustraerlos.
El texto es muy contundente en lo que a cualquier espectador mínimamente objetivo, es decir, no imbuido de "perspectiva de género" ni con la mente reformada por el Gobierno de Pedro Sánchez, le parecía claro y evidente: que Juana Rivas denunció por violencia de género a Francisco Arcuri para poder quedarse con los hijos. Lo que no resultaba tan obvio es que además se la condenara por delitos contra el honor del padre de sus hijos, convertido estos meses en poco menos que un monstruo al que habría que colgar en la plaza pública. Pero lo ha sido, y por ello tendrá que indemnizarlo con 30.000 euros:
Predicar a los cuatro vientos que una persona maltrata, tortura y aterra a su familia, e incluso, que ha golpeado al hijo mayor, cuando no hay una condena firme, ni siquiera una investigación en trámite, y arengar a una multitud irreflexiva y visceral, para hacerla cómplice de ese escarnio, tratando de que la apoye de forma más o menos explícita, es una afrenta que muestra una voluntad dañina y lesiva de elementales derechos como el honor (art. 18 CE) o el de presunción de inocencia con rango constitucional (art. 24.2 CE) que costó a la humanidad mucho conquistar y el principio de la dignidad de la persona que es un valor constitucional acogido por el art. 10 de la Constitución española.
Con esta sentencia, el juez ha determinado que quien vuelva a agitar a la turba del feminismo rancio para ejercer una suerte de justicia popular al margen de la Justicia tendrá que atenerse a las consecuencias. No nos engañemos: la única culpable de que sus hijos se hayan quedado sin madre es de Juana Rivas, por intentar que se quedaran sin padre. Pero hay otros responsables. Desde los más directos, como la asesora Francisca Granados, hasta la inmensa mayoría de los políticos, con Mariano Rajoy a la cabeza, que la alentaron y defendieron lo indefendible, pasando por todos los descerebrados que aplaudieron las campañas del "Todos somos Juana" y "Juana está en mi casa". Espero que todos apoquinen su parte proporcional de la indemnización. Pero hay pocas esperanzas. Una cosa es sentirse a gusto con uno mismo por estar con los buenos, y otra muy distinta poner dinero de verdad en respaldarlo. Además, cuentan con un indulto del Gobierno para cuando la sentencia sea firme. Y si para entonces aún está Carmen Calvo, una de las que quiso usar políticamente este caso el año pasado, no les faltará razón.