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La (no) denuncia de Pedro Sánchez

Lo que no es normal es que te hagan la tesis en un ministerio; es decir, que personal pagado por el Estado se dedique a prepararle el futuro laboral a un diputado en problemas.

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EFE

Como era previsible, el debate sobre la tesis de Pedro Sánchez ha vuelto a enfangarse en lo accesorio (casi diríamos que absurdo) y a eludir la cuestión fundamental. No se sabe si es la torpeza de sus adversarios políticos (que lanzaron un buen primer golpe pero luego se han perdido) o una maniobra urdida desde Moncloa para ocultar con humo lo que debiera ser el tema central.

Así, se discute en Twitter sobre la calidad (probablemente muy baja) del trabajo; sobre si las citas, notas o (falta de) entrecomillados apuntan a una más que discutible ética investigadora; sobre si hay o no plagio; o sobre si el tribunal puesto a dedo bajó el listón de los requisitos exigidos hasta un nivel indecente incluso para los estándares habituales en nuestro país.

Todo lo anterior tiene toda la pinta de ser cierto. Y al mismo tiempo no tiene la menor relevancia política. Lo que muestra es lo que todos sabemos desde hace años: la calidad de buena parte de la universidad española está bajo mínimos y los tejemanejes de catedráticos, doctores y departamentos para ayudar a amigos, recomendados o enchufados están a la orden del día, incluso en temas que deberían ser de tanta importancia como una tesis doctoral.

Digo que no tiene relevancia política porque, a no ser que se demuestre un plagio masivo (y, si el Gobierno ha decidido publicar el trabajo, lo normal es que no lo haya), nada de esto obligará a Pedro Sánchez a la dimisión. Sí, dará juego para un par de tertulias, algún debate parlamentario un poco subido de tono y noticias de los periodistas de guardia de Moncloa sobre lo habituales que son estas prácticas.

Lo relevante es lo otro, lo que está quedando en un segundo plano: el asunto del negro.

El jueves, Pedro Sánchez amenazó en Twitter con una denuncia a todos los medios de comunicación que le acusasen de plagio. Y ahí dejó sentada la mejor prueba de su culpabilidad. Si el presidente siente su honor tan dañado por una afirmación de ese tipo (que plagió su tesis o parte de ella), cualquiera podría pensar que mucho más le dañaría lo otro, lo del tal Carlos Ocaña y lo de Miguel Sebastián asegurando en un restaurante, ante un puñado de comensales, que habían sido sus subordinados del Ministerio de Industria quienes habían hecho la tesis al presidente.

Pues bien, esa información la publicó Voz Populi hace año y medio. Y, que se sepa, todavía no ha habido denuncia por parte de Sánchez, Sebastián o cualquier otro de los implicados. Alguna negativa poco convincente en medios amigos (de los que no hacen preguntas incómodas) y poco más.

¿Y por qué el Sánchez que tan ofendido y amenazante se presenta con los plagios calla con el tema del negro? Pues sólo hay una explicación lógica: porque no puede denunciarlo. Si al presidente del Gobierno se le ocurriera llevar a los tribunales a los medios que han publicado la noticia (por ejemplo –le damos ideas–, aquí El Mundo cuenta el mismo episodio de cómo Sebastián levantó la liebre en un acto en Madrid organizado por el Ateneo de Palencia), los periodistas afectados sólo tendrían una defensa: llevar a declarar ante el juez a Sebastián, a Ocaña, a todos los presentes en aquella comida, a todos los altos cargos que colaboraron con ellos y hasta al último funcionario del Ministerio de Industria, para que declarasen si esa afirmación del 90% era o no cierta. El problema es que esta alternativa presenta muchos riesgos para Sánchez: porque no es lo mismo decirle que no a Ferreras o mandar un comunicado a los medios que mentirle a un juez sabiendo que luego irán pasando por el estrado un puñado de personas que sabían de qué iba todo aquello.

Si fueran inteligentes (lo que no está claro), los adversarios de Sánchez dejarían el tema del plagio, que da para muchas gracietas pero tiene poco contenido, y se centrarían en el negro. Porque puede que un porcentaje alto de las tesis leídas en la Universidad española sean de baja calidad. Y puede que un porcentaje todavía más elevado de esas tesis sean leídas ante un tribunal escogido para no molestar, un puñado de amiguetes que dirán que sí a cualquier texto infecto que se les presente. En eso tienen razón los defensores de Sánchez: parece complicado pedir una dimisión porque la tesis sea una bazofia.

Pero lo que no es tan normal es que te hagan la tesis en un ministerio; es decir, que personal pagado por el Estado se dedique a prepararle el futuro laboral a un diputado en problemas. Porque, además, un doctorado no es como el cutremáster de Montón o Casado: hablamos de un título de enorme importancia que te abre muchísimas puertas en el mercado laboral, sobre todo en la Universidad. Por eso, la afirmación de Sebastián roza el delito: ¿malversación de fondos públicos? Y, con delito o sin él, es inaceptable desde todo punto de vista. Por ahí sí se intuye una grieta en toda la argumentación oficial. Es un resquicio que abrió el propio Sánchez en Twitter, quizá sin darse cuenta, con su amenaza a los medios que hablasen de plagio y su reconocimiento implícito de que lo otro, lo del negro de Industria, se quedaba al margen.

¿Por qué no denuncia Pedro Sánchez? ¿Por qué no lo ha hecho en el último año y medio? Una buena pregunta que todavía no tiene respuesta.

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