Hay noticias sobre el mercado laboral español que ni la IA sería capaz de explicar a un extranjero. Esta semana coinciden tres:
- El año pasado cerró con el máximo de bajas laborales (aquí, en El Confidencial, para que no piensen que es sólo una obsesión de los ultraliberales de Libre Mercado). Cada día, 1,7 millones de españoles faltan a su trabajo; y de ellos, más de 1,25 millones tiene reconocida una baja médica por incapacidad temporal.
- A pesar de los mensajes triunfalistas del Gobierno, "Fedea sostiene que la reforma laboral apenas ha mejorado la estabilidad en el empleo" (de nuevo, para los que crean que esto es cosa nuestra, el titular es de El País). Antes los llamábamos temporales; y ahora son fijos discontinuos o simplemente fijos a los que ese contrato en teoría indefinido apenas les dura unas pocas semanas. En la estadística que muestra Yolanda Díaz puede que haya cambios; en la realidad sobre el terreno, no tanto.
- Y el que más comentarios en redes sociales ha generado: la CNT denuncia a la Taberna Garibaldi (sí, la de Pablo Iglesias) por "trato vejatorio" a sus trabajadores. Como no podía ser de otra manera, la noticia ha ido seguida por comunicados de los trabajadores leales diciendo que es todo mentira, más detalles de las supuestas vejaciones por los contrarios a Iglesias, versiones opuestas lanzándose en Twitter…
Digo que sería complicado situar en este contexto a alguien que desconociera nuestro peculiar mercado laboral porque, si lo piensan, nada tiene demasiado sentido. Si se supone que estamos en récords de empleo creado y tras más de una década de crecimiento, ¿por qué las bajas? ¿Pasa algo con la salud de los españoles? ¿Qué está sucediendo con los contratos de corta duración? ¿Los empresarios no quieren aprovechar el contexto de crecimiento? ¿Nuestra actividad productiva es tan especial que sólo queremos empleados durante unas semanas? Y, por último, ¿por qué ese enfrentamiento en Garibaldi? ¿Por qué no se marchan los trabajadores enfadados o por qué no los despiden? Si está claro que no se aguantan.
Pero no es sólo por esto por lo que lo tendríamos difícil para dar una explicación coherente. También porque todas las rarezas de nuestro mercado de trabajo derivan de lo que todos sabemos y pensamos, pero nadie dice en voz alta.
- Al contratar, el empresario piensa "¿cuánto me costará despedir a este si me sale rana?" Que es como comprarse un coche rezando para que no te deje tirado en el camino del concesionario a casa.
- Al despedir, lo que ronda por su cabeza no es "tengo que reducir la plantilla, ¿quién es mi peor trabajador o el que menos encaja en el actual modelo de negocio de la empresa?"; sino "¿quién es el que tiene la indemnización más baja?"
- El trabajador, cuando le contratan, lo que tiene en la cabeza es "a ver si me hacen fijo pronto, así será más complicado que me echen". Esto sería como si el del concesionario pensara "a ver si hay suerte y no me devuelven el coche durante el período de prueba".
- Y mientras dura su contrato (y da igual que sean seis meses o tres años) lo que está pensando es "¿cuánto tendrían que pagarme si me despiden?". O todavía peor: "Tengo una oferta laboral muy buena de la competencia, pero si digo que sí y me marcho, pierdo la indemnización".
Nadie piensa en lo que quiere, necesita, sueña, desea, es mejor para el negocio o para su carrera laboral... Ni el empresario ni el trabajador. En su lugar, aparecen conceptos que deberían ser secundarios (o ni siquiera estar encima de la mesa): años acumulados, derechos adquiridos, indemnización, costes, duración del contrato, hacer un contrato temporal para una ocupación que es fija...
El despido
Y sí, esto se debe a que todo (o casi) gira alrededor del puñetero coste del despido. Una norma en teoría diseñada para proteger al trabajador, que en realidad lo empuja a la precariedad o a la insatisfacción. Y que si protege a alguien es al que no se lo merece: al vago, al caradura, al que se aprovecha de su antigüedad y de sus compañeros.
¿Sería el despido libre una carta blanca para las empresas? En realidad, en un mercado mínimamente funcional, no. De hecho, para los buenos trabajadores sería una bendición, porque aumentaría notablemente su poder de negociación, tanto en su empresa actual como si perdieran su empleo. Cuando el mercado laboral se mueve, las empresas aprenden muy pronto que no estás dispuesto a aceptar cualquier cosa por un contrato fijo.
El recurso escaso, ahora, es el empleo indefinido; y la empresa lo sabe. Cómo no va a jugar esa carta a la hora de fijar el resto de condiciones (y cómo no va a tener en cuenta el coste implícito de un despido futuro a la hora de comprometerse en un salario).
Pero el despido libre también nos libraría de la marcianada más absurda: que dos personas que se odian (como parece ser el caso de Iglesias, o sus socios, con alguno de sus trabajadores) tengan que seguir compartiendo espacio, trabajando juntos, desarrollando proyectos… durante años: uno por no gastarse el dinero del despido, el otro por no irse sin cobrarlo.
¿Política social?
Sé que en este punto me tirarán la carta de la política social. De los empleados que se quedarían en la calle sin nada. De los derechos adquiridos.
Una imagen que no es real. Lo primero, por una evidencia empírica: casi ningún país tiene la legislación española. Y no sólo sus mercados laborales no son ese infierno que nos dibujan, sino que funcionan bastante mejor que el nuestro. Miren cómo lo hacen en la mayoría de los países del norte de Europa (el ejemplo que siempre se pone es el de Dinamarca, pero podríamos coger otros): en sueldos, condiciones, estabilidad en el empleo…
Pero, además, es que aquí se esconde otra de esas peculiaridades a las que nos hemos acostumbrado, aunque no deberíamos: la imposibilidad o encarecimiento disparatado del despido como medio de proteger desde la política al trabajador. Esto es un poco como lo de las normas sobre el alquiler y la imposibilidad de desahuciar a las familias vulnerables, aunque no paguen. Aquí no se discute si tal o cual familia lo está pasando mal (sería otro debate y tendríamos que ir caso por caso); la pregunta es ¿por qué tiene que asumir la carga de la política social el propietario del piso?
Con el despido es lo mismo. Si queremos proteger al trabajador, que lo haga el Estado, pero que no cargue al empresario con una tarea que no le corresponde y que le desvía de su principal objetivo: el mejor uso de los recursos a su disposición para generar riqueza.
A partir de ahí, quedaría el debate de cómo lograr esa protección: desde un seguro de desempleo a formación, pasando por incentivos a la contratación o incluso el empleo público. No estoy diciendo que me gusten estas opciones; algunas son interesantes, mientras que en otras sería casi peor el remedio que la enfermedad. Lo que digo es que al menos sitúan el problema (la supuesta protección) donde debe estar, en el Estado, que para eso nos dicen que tiene el enorme poder que acumula.
Se lo voy a comentar a Iglesias, ahora que está tan activo en redes sociales, con esa refundación de la izquierda en la que se ha embarcado. A ver cómo puedo vendérselo: "No le des más vueltas, Pablo, la solución es el despido libre… si no les soportas, no tendrás que aguantarles más".