En vista de los términos tan ambiguos y, en ocasiones, contradictorios con que la Constitución se refiere al reparto competencial en el ámbito de la educación, no está del todo claro, desgraciadamente, que la Administración central pudiera hacerse cargo de la atención de este derecho en detrimento de las autonomías sin, previamente, emprender una reforma de la Carta Magna. Buena prueba de ello es que las dos únicas formaciones abiertamente partidarias de que la Administración central recupere plenamente sus competencias en el ámbito educativo –los socialdemócratas de UPyD y los liberal-conservadores de Vox– han propuesto sendas reformas de la Ley de Leyes para lograr ese encomiable objetivo.
A este respecto, recuérdese la sentencia del Tribunal Constitucional que tumbó parte de la Lomce del ministro José Ignacio Wert precisamente por considerar, con mayor o menor acierto, que la misma, orientada a algo tan deseable y constitucionalmente imperativo como garantizar la enseñanza en español en toda España, invadía competencias autonómicas. Y es que, ante la reiterada desobediencia de la Generalidad catalana a las sentencias que le obligaban a incorporar al español como lengua vehicular en la enseñanza, el Gobierno de Rajoy sólo tenía tres opciones, no necesariamente excluyentes entre sí. La primera, tras recabar los pertinentes informes a la Alta Inspección del Estado, presentar una denuncia penal por desobediencia contra los gobernantes del Principado. La segunda, exclusivamente política, exigir a la Generalidad el inmediato cumplimiento de esas sentencias so pena de suspenderle competencias en aplicación parcial del artículo 155 de la Carta Magna. Y la tercera, no por más ardua menos deseable: proponer al resto de partidos una reforma constitucional destinada a que fuera la Administración central, no las CCAA, quien ejerciera de forma ordinaria y plena las competencias en educación.
Como no se atrevía con ninguna de ellas –llegó incluso a ocultar los informes de la Alta Inspección del Estado que denunciaban el adoctrinamiento en los libros de texto de Cataluña–, el funesto Gobierno de Rajoy planteó como solución la chapucera reforma Wert, que posteriormente vino a tumbar el TC.
Teniendo, pues, bien presentes todos estos antecedentes, no cabe sino recibir con cierto escepticismo la propuesta de Pablo Casado de presentar una proposición de ley "para que la educación sea competencia estatal aunque la administren las comunidades". Y es que, por encomiable que sea el objetivo de garantizar "sin complejos" la salvaguarda de unas mismas materias troncales, un mismo currículo "y una alta inspección estatal que evite los abusos", así como el querer que se enseñe en "la lengua común de todos los españoles", es harto dudoso que pueda garantizarse sin previamente retirar de la Constitución las muchas, erradas y contraproducentes concesiones que se hicieron a los nacionalistas con la vana esperanza de que se unieran al proyecto común.
Esas concesiones a los nacionalistas no han servido para unir a los españoles sino precisamente para crear discordia, así que es absurdo empecinarse en el error o tratar de maquillarlo con reformas legislativas de menor calado que, para colmo, encuentran resistencias hasta en los propios barones regionales del PP.
En cualquier caso, es altamente positivo que Casado se atreva a mirar y a denunciar, aunque sea tímidamente, el caos en el que ha derivado el sistema autonómico, especial pero no únicamente en materia educativa, y no a ocultarlo. Y es que incluso para un mismo marco constitucional, y a la espera de poder mejorarlo con una reforma de la Carta Magna, siempre será mejor que lo gestione quien quiere acabar con los abusos y las disfuncionalidades a que lo haga quien, por comodidad o por falta de principios y de coraje, prefiere mirar para otra parte. También en esto la irrupción de Vox favorece al PP de Casado para que se sacuda la funesta herencia de Rajoy.