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EDITORIAL

Asalto al Poder Judicial: el PP no debe (volver a) ser cómplice del PSOE

Hay que devolver a los jueces el poder de elección del que han sido privados durante los últimos 35 años.

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La intentona de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias de poner bolivarianamente el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) a su servicio ha causado un tremendo escándalo también fuera de España. La Unión Europea, interpelada al respecto por la oposición, ha mostrado su preocupación por la maniobra antidemocrática y ha advertido al Gobierno socialcomunista de las graves consecuencias que podría acarrear semejante fechoría.

El terremoto ha sido de tal magnitud que hasta el egomaníaco Sánchez ha tenido que dar marcha atrás y ofrecerse nuevamente al Partido Popular para negociar la renovación del órgano de gobierno de los jueces.

Ahora bien, volver al reparto de sillones en el CGPJ, como pretende Sánchez con ayuda de Casado, es perpetuar la politización de la Justicia, una de las lacras institucionales del país desde que los socialistas atentaran contra el espíritu de la Constitución y sometieran la composición del Consejo al juego de las mayorías parlamentarias.

Sánchez y Casado no pueden pervertir por enésima vez el mandato constitucional que exige un cuerpo de jueces y magistrados “independientes” y “sometidos únicamente al imperio de la ley”. Su designación por parte de un organismo mediatizado por los partidos supone perpetuar una situación aberrante que vulnera el espíritu de la Carta Magna en un momento especialmente delicado.

La implicación de los chavistas en el Gobierno y sus deseos de intervenir en la designación del CGPJ es un motivo más para acabar con este cambio de cromos en un organismo que debe velar por la independencia de los jueces y magistrados.

El PP no debe entrar en componendas en un asunto de vital importancia como este. No se trata de consolidar la mayoría de los tres quintos que socialistas y comunistas pretenden aniquilar, sino de recuperar el mandato de la Constitución y devolver a los jueces y magistrados el poder de elección del que han sido privados durante los últimos 35 años.

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