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Barcelona y Cambrils: se viene abajo el relato mentiroso de la Generalidad

Las mentiras de la Generalidad devienen indisimulables, a pesar de que el Gobierno evita responder a las acusaciones de Puigdemont, Forn y Trapero

EDITORIAL
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Los atentados islamistas en Barcelona y Cambrils son la última evidencia de la inconmensurable miseria moral de los dirigentes separatistas de la Generalidad. La acumulación de datos y detalles en torno a los ataques terroristas corroboran la burda manipulación propagandística de la Generalidad y dejan a los Mossos d'Esquadra a los pies de los caballos, a la intemperie de informaciones que contrastan descarnadamente con el relato de una policía perfecta, ejemplo mundial de eficacia y símbolo esférico de la emergente República Catalana frente a un Reino de España ausente.

El guión de la Generalidad sobre un supuesto veto del Estado a los Mossos en el acceso a bases de datos internacionales, las presuntas restricciones presupuestarias de Hacienda que impedirían ampliar la plantilla de la policía regional catalana y las hipotéticas trabas operacionales que la Policía Nacional impondría a los agentes autonómicos salta por los aires con hechos como las comunicaciones internacionales recibidas por los propios Mossos y las advertencias de una juez sobre la posibilidad de que en la guarida de los terroristas en Alcanar no se elaboraran drogas sino bombas, a tenor de la gran cantidad de bombonas de butano halladas entre los escombros.

Según la versión separatista, a pesar de que operan con una mano en la espalda por culpa de España, los Mossos lograron repeler la agresión terrorista sin ayuda de nadie, en contra del Estado y de los elementos y con una profesionalidad digna de encomio, homenaje y recompensa. No cabe la más leve autocrítica ni desde el punto de vista policial ni desde el político. Que la célula estuviera compuesta por adolescentes criados en Ripoll (Gerona), muchos de ellos ejemplos de responsabilidad e integración según los servicios sociales; que los Mossos hubieran recibido avisos procedentes de Bélgica, los Estados Unidos e incluso de Madrid sobre el alto riesgo terrorista, o la recomendación de la Policía Nacional sobre el uso de bolardos, son flecos que no encajan en la narrativa de Puigdemont y compañía.

La Generalidad ha querido convertir los atentados en un anuncio sobre la irrupción en el mapa mundial del magnífico Estado catalán. La infame manifestación del pasado sábado en Barcelona no ha pasado precisamente inadvertida en el panorama internacional. A la grosera manipulación del Ayuntamiento de Colau y la Generalidad de Puigdemont y Junqueras se suma ahora la demolición de las mentiras de la Generalidad en materia de seguridad ciudadana. Los Mossos tienen transferidas las competencias y disponen de la misma información que la Guardia Civil, la Policía Nacional e incluso el CNI. La colaboración dista de ser perfecta, pero en el caso de referencia nadie ocultó nada a los Mossos, advertidos por organismos internacionales perfectamente al tanto de la idiosincrasia administrativa y policial española.

Dos semanas después de los atentados, las mentiras de la Generalidad devienen indisimulables a pesar de que el Gobierno evita responder a las acusaciones de Puigdemont, Forn y Trapero sobre el origen madrileño del error en el análisis de la percepción del riesgo de atentado. La propia Administración regional se ha puesto en el disparadero tras una auténtica chapuza informativa plagada de vacíos narrativos como la explosión de Alcanar o el control en la Diagonal que se saltó el presunto asesino de las Ramblas tras acuchillar a un infortunado joven, cuya muerte se atribuyeron durante horas los Mossos, en otro impecable ejercicio de puntería.

Si la agenda del Parlament relativa al golpe de Estado no cuadra con una comisión de investigación sobre los hechos acontecidos en Cataluña desde el 17 de agosto, habrá de ser el Congreso de los Diputados quien inste el procedimiento sobre los atentados primero y sobre la delirante actuación de la Generalidad después, todo ello sin menoscabo de las actuaciones judiciales que merece el proceder de las principales autoridades separatistas.

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